El objetivo del Gobierno es aumentar las emisiones del aíƒÂ±o 1.990 en un 37% en el periodo 2.008-2.012, repartidas de la siguiente manera: un aumento del 15% por el compromiso de Kioto, un aumento del 20% a cubrir con Mecanismos de Flexibilidad, y un 2% a cubrir con sumideros. Este reparto supone que la esencia del Protocolo de Kioto, que era reducir las emisiones en los paíƒÂ­ses desarrollados responsables del calentamiento global que causa el cambio climíƒ ¡tico, quede pervertido, pues ese 20% de los Mecanismos de Flexibilidad representa conseguir críƒÂ©ditos por emisiones que todavíƒÂ­a no se han producido, y ademíƒ ¡s fuera de nuestras fronteras. De esta manera el imprescindible cambio dríƒ ¡stico de tendencia en las emisiones de CO 2, y consecuentemente de nuestros híƒ ¡bitos de consumo, se sigue aplazando a un futuro incierto.

Conseguir este 20% va a costar a las arcas p탺blicas entre 2.000 y 3.000 millones de euros, a pagar entre todos los ciudadanos, contraviniendo el principio "quien contamina, paga". No podemos olvidar que, por ejemplo, el sector elíƒÂ©ctrico, a pesar de la supuesta presiíƒÂ³n que reciben por las asignaciones de derechos de emisiíƒÂ³n, ha seguido produciendo electricidad con centrales de carbíƒÂ³n en detrimento de otros modos míƒ ¡s eficientes, como las renovables o las centrales de gas en ciclo combinado, a las que les han sobrado derechos asignados en el anterior periodo. Asimismo el ciudadano de la calle sigue sin recibir seíƒÂ±ales serias de lo preocupante que es el problema del cambio climíƒ ¡tico porque las penalizaciones sobre los comportamientos que míƒ ¡s emiten no se producen. De ahíƒÂ­ que en vez de que pague quien consume mucho y mal, se reparta entre todos, independientemente de las acciones que se lleven a cabo.

Por otra parte, el Plan elimina algunas de las garantíƒÂ­as míƒÂ­nimas que ofrecíƒÂ­a el sistema. En primer lugar se elimina la prohibiciíƒÂ³n de realizar a las elíƒÂ©ctricas el llamado "pool", es decir, agrupar instalaciones y compensar sus emisiones. En segundo lugar, no se admite la posibilidad de realizar subasta de derechos, lo cual significa que sale muy barato contaminar ya que los derechos asignados son gratuitos, incumpliendo de nuevo el principio "quien contamina, paga".

Ecologistas en AcciíƒÂ³n, desde un punto de vista global del problema del cambio climíƒ ¡tico, sigue echando en falta políƒÂ­ticas en los sectores difusos (transporte, residencial y servicios), que actualmente emiten un 65% míƒ ¡s de lo que lo hacíƒÂ­an en 1.990. Aunque el objetivo del Gobierno es tambiíƒÂ©n llegar al +37%, las políƒÂ­ticas, sobre todo en el tema del transporte, no se ocupan en absoluto de ello. No parece tampoco que las Comunidades AutíƒÂ³nomas y los Ayuntamientos, responsables de muchas de estas políƒÂ­ticas estíƒÂ©n trabajando en este sentido; mucho nos tememos que la mayoríƒÂ­a lo estíƒ ¡ haciendo en el opuesto.