Frente a la saturación de la demanda del servicio ofrecido por la Oficina de Extranjerí­a de Carabanchel, que da lugar a la aparición de largas colas de personas a la espera de resolver gestiones pendientes que afectan a su situación, UGT-Madrid reclama la apertura de la Oficina de Extranjeros de Gestión única en esta ciudad, un servicio que ya ha sido adoptado con éxito indiscutible en otras provincias, pues ha permitido abreviar la complejidad del procedimiento, rebajando considerablemente las colas.

Esta Oficina, prevista en el artí­culo 159 del Reglamento de Extranjerí­a, permite integrar los diferentes servicios competentes en la materia al objeto de garantizar la eficacia y la coordinación de la actuación administrativa, evitando con el ello el peregrinaje de los afectados, autóctonos y extranjeros, por las diversas dependencias administrativas que actualmente les atienden.

UGT, además, exige, dado el importante volumen de población inmigrada que acoge la Región , que la Administración Central se dote de uno o varios Centros de Migraciones, de los previstos en el artí­culo 163 del Reglamento de Extranjerí­a, que complementen la labor de los Centros de Atención a Refugiados.

La Administración Central deber asumir, asimismo, tareas de información, atención, acogida, intervención social, formación, y en su caso, derivación, dirigidas a la población extranjera, especialmente a los inmigrantes que lleguen a Madrid en virtud del contingente anual de trabajadores extranjeros, así­ como a aquellos extranjeros que se hallen en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, tengan o no autorización de estancia en nuestro paí­s, como serí­a el caso de las personas de origen subsahariano que son conducidos desde Canarias a Madrid periódicamente.

Para una correcta solución del problema actual, UGT-Madrid cree imprescindible la coordinación de las tres administraciones competentes en nuestro territorio entre sí­ y con los agentes sociales. El consenso es absolutamente necesario en una materia tan sensible como la polí­tica inmigratoria y de inserción social, donde la intervención administrativa debe ser sobre todo discreta y eficiente, para que sea la propia sociedad la que asuma el reto de acoger a los inmigrantes, y al mismo tiempo se adapte al cambio social que necesariamente provocarán, encontrando nuevas formas, más diversas, de resolver los conflictos en la convivencia.