Del total de los accidentes mortales registrados en la Comunidad de Madrid en los seis primeros meses del presente año, desde enero a junio, según los datos oficiales que se han dado a conocer en el dí­a de hoy, un total de 87 trabajadores han perdido la vida en la Comunidad de Madrid. 48 trabajadores han fallecido por accidentes laborales en el sector servicios, 19 en la industria, 18 en construcción y 2 en agricultura.

De acuerdo con estos datos se han producido 4 accidentes mortales más que durante los 6 primeros meses del pasado año, lo que pone en entredicho las declaraciones que desde la Consejerí­a de Empleo y Mujer pretenden, mediante la utilización sesgada de la información, minimizar el elevado impacto que los accidentes laborales tienen entre los trabajadores y trabajadoras de la Región.

De hecho, en la Comunidad de Madrid hubo 85.449 accidentes de trabajo de enero a junio de 2006; 9.715 accidentes más que en el mismo periodo del 2005 por lo que no se logra entender las declaraciones distorsionan la realidad de la siniestralidad en Madrid.

El incumplimiento de la normativa por parte de los empresarios, que se une a las malas condiciones laborales, precariedad laboral y altos ritmos de trabajo, y la falta de formación e información para prevenir los riesgos laborales siguen siendo, para UGT Madrid, las principales causas de estas elevadas cifras que siguen aumentando en la Comunidad de Madrid.

Con el fin de luchar contra la siniestralidad laboral, que es un objetivo prioritario de UGT-Madrid, el Sindicato va mantener su polí­tica de denuncia sistemática de las situaciones que sean lesivas para los trabajadores y trabajadoras y hacemos un llamamiento a la Administración para que se persone como acusación popular cuando haya incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Consideramos fundamental la publicación de la lista de empresas que hayan sido sancionadas por infracción grave o muy grave por la ví­a administrativa y que, del mismo modo, sean excluidas de la contratación pública y de las subvenciones públicas que hayan sido condenadas por infracción grave en matera de seguridad y salud en el trabajo.

Finalmente, demandamos la efectiva actuación de la Fiscalí­a ante la siniestralidad laboral y una firme y real coordinación con la Inspección de Trabajo, la Judicatura, y la policí­a.