Ellos quieren una audiencia con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que no habrí­a cumplido la promesa que hizo, en 2003, de salvar todos los empleos de las fábricas ocupadas. Según el Movimiento de las Fábricas Ocupadas, acciones de los Ministerios de Previsión Social y de Hacienda Federal amenazan con cerrar las fábricas y dejar desempleados a 1.400 padres y madres de familia.

Remates de máquinas y equipamientos, secuestro de bienes de facturaciones y amenazas de prisión para dirigentes que la Cipla, Interfibra y Flasko enfrentan todos los dí­as. Los obreros vuelven a Brasilia para reclamar la promesa hecha por Lula y exigir la estatización de las empresas.

De la Caravana participan jóvenes del movimiento estudiantil, profesores, ferroviarios, representantes del MST (Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra), sindicalistas de todo Brasil y trabajadores de la Sulfabril, de Blumenau (Estado de Santa Catarina). La movilización cuenta además con la solidariedad de los obreros de la Volkswagen, amenazados de despido.

– Más del 40% de la facturación está embargada por deudas de los antiguos patrones. Dirigentes continúan amenazados de prisión, en el caso que no paguen esas deudas-, reclama Carlos Castro, de la Comisión de Fábrica de la Cipla. Los empleados de las fábricas llevan una máquina de 12 toneladas al Palacio del Planalto, como sí­mbolo de la lucha en defensa de los empleos y del parque fabril.

La Cipla, Interfibra (de Joinville, Santa Catarina) y Flasko (Sumaré, San Pablo) son fábricas del ramo plástico-quí­mico y son parte del mismo grupo empresarial. En 2002, estaban al borde de la quiebra, con deudas de más de 600 millones de reales, de los cuales el 85% son deudas con los gobiernos estatal y federal, contraí­das por los antiguos propietarios. Los trabajadores de la Cipla e Interfibra, después de un perí­odo de huelga para recibir salarios atrasados, vacaciones y FGTS no depositados ocuparon las fábricas para impedir que cerrasen, en octubre de 2002, en la misma época en que Lula fue electo Presidente de la República. Desde entonces, piden que las empresas sean estatizadas, única forma de preservar el parque fabril y mantener los 1.000 puestos de trabajo.

En 2004, el gobierno federal creó una Comisión Especial, compuesta por el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), BRDE y BADESC, además de representantes del gobierno federal, para estudiar las condiciones de las empresas y presentar una solución. De acuerdo con Darí­o Buzzi, superintendente del BRDE, la conclusión de la Comisión es que las empresas son viables y rentables. Sin embargo, debido al tamaño de las deudas anteriores, la única solución es que el BNDES y el BRDE asuman el control de las empresas, transformando las deudas en acciones.

– Son tres años de lucha en las Fábricas Ocupadas y Lula no nos dice nada. Todo lo que conseguimos fue con mucha movilización y tres caravanas. No vamos a desistir nunca-, dijo Joí£o Evangelista, operador de máquina en la Flasko.

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com