La reunión, que esta mañana ha tenido lugar, de los miembros integrantes del Observatorio Regional de Violencia de Género, en la que se presentaba el informe elaborado por el Consejo Asesor acerca de la Ley 1/2004, sobre Medidas de Protección Integral, adolece de una serie de omisiones, interpretaciones gratuitas y errores flagrantes que hacen dudar de la buena disposición del Gobierno regional para garantizar la efectiva y exitosa aplicación de esta Ley Orgánica.

Lamentablemente, el Gobierno regional continúa inamovible en la misma posición que mantuviera durante los debates previos a la aprobación de la Ley, aireando un argumentario que emana de aquella primera oposición. Fruto de tal actitud es el empecinamiento en destacar las inconsistencias jurí­dicas del texto hoy dado a conocer antes que en la pronta solución de los problemas de aplicación de la norma.

El Gobierno regional parece pensar más en La Moncloa que en los problemas inmediatos de la ciudadaní­a madrileña, punto este especialmente preocupante si se considera que esta Comunidad registra un volumen tal de casos violentos que exige respuestas inmediatas, y no ringorrangos verbales sin otra secuencia lógica que la oposición al Señor Rodrí­guez Zapatero.

Sólo así­ se explica el cuidado puesto en exigir al Ministerio de Justicia un mayor esfuerzo inversor en materia de juzgados y recursos jurí­dicos, reivindicación que UGT-Madrid comparte, mientras se obvia totalmente la necesidad de acomodar la infraestructura administrativa y sanitaria a las necesidades ciudadanas.

Entre otros puntos, UGT-Madrid cree imprescindible, en este ámbito autonómico y siempre con el horizonte de la eficacia exigible a la Administración, formar adecuadamente a los colectivos de profesionales que intervienen en el itinerario de la violencia de género, pues estas cifras no pasan de la anécdota.

La formación en el ámbito sanitario está particularmente descuidada, no existe un servicio de atención a ví­ctimas en comisarí­a y las mujeres inmigrantes en situación irregular encuentran serias dificultades para interponer denuncias pues corren el riesgo de que sean objeto de un expediente de expulsión.

Buena prueba de esta apatí­a es la presentación, más bien mediática e insustancial, del curso de formación que cuenta con una dotación insuficiente ( 105.000 euros, aproximadamente) y define como grupo destinatario a los profesionales que trabajan con ví­ctimas en términos tan genéricos que desacreditan la iniciativa. El número de trabajadores y trabajadoras beneficiados por este curso (90) es también muy escaso.

UGT-Madrid encuentra esta acción formativa manifiestamente insuficiente. Es imprescindible el diseño e implementación de un programa formativo ambicioso que contemple a todos los colectivos de profesionales que intervienen en el proceso de apoyo a las ví­ctimas.

UGT-Madrid exige al Gobierno regional que abandone su actitud irreflexiva y destine los recursos necesarios para habilitar una infraestructura que sea capaz de dar una respuesta eficiente a la tragedia que para muchas personas supone sufrir un delito de estas caracterí­sticas.

Es tiempo de que todas las administraciones y todos los agentes sociales colaboren para erradicar esta pesadilla detrás de la cual hay personas a las que les resultan completamente ajenas las estrategias propias de la rivalidad polí­tica.