UGT considera como muy ilustrativos los resultados del estudio \" La Cuenta Satélite del Trabajo no remunerado en la Comunidad de Madrid\" que fue presentado ayer por el consejero de Empleo y Mujer, Juan José Gí¼emes.

Del estudio se desprende que las mujeres madrileñas realizan el 73,39 por ciento del trabajo no remunerado, mientras que los hombres llevan a cabo el 26,61 por ciento.

El trabajo no remunerado representa un 54,71 por ciento del Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid, con un valor monetario de 55.480,2 millones de euros. En las mujeres, la producción de trabajo no remunerado supone 40.716,3 millones de euros, a diferencia de los hombres que suma 14.763,9 millones de euros.

Del estudio se desprende que en la Comunidad de Madrid las mujeres siguen soportando el peso del trabajo no remunerado frente a los varones y UGT entiende que se deben impulsar medidas para mejorar la situación claramente discriminatoria que sufren las mujeres en la Comunidad de Madrid y que deben ser complementarias:

1.- La mayor concienciación e implicación real de los varones en el cuidado del hogar y de la familia, tareas que son también su responsabilidad.

2.- La necesidad de aportar mayores recursos por parte de las administraciones públicas y especialmente del Gobierno regional, como administración más cercana a la ciudadaní­a, con el fin ofrecer más y mejores servicios públicos, que son una necesidad ampliamente sentida por el conjunto de la ciudadaní­a.

En concreto UGT considera que el Gobierno regional tiene, a este respecto, una obligación para hacer frente a la realidad que el mencionado informe describe en relación con el papel de las mujeres y de los hombres en la Comunidad de Madrid. Obligación traducida en tres medidas que, entre otras, UGT considera urgentes:

– 1.- Extensión de la red de escuelas infantiles y guarderí­as para cubrir la demanda de la población.

– 2.- Creación de centros de dí­a y residencias de tercera edad.

– 3.- Más y mejores centros de salud y asistencia hospitalaria.

Redes asistenciales que deberí­an tener un carácter público para garantizar el acceso en términos de igualdad para toda la ciudadaní­a; y por tanto no discriminatorios en función de los niveles de rentas. Todo ello, frente a las polí­ticas de no intervención en los problemas sociales y polí­ticas privatizadoras de los servicios públicos por parte del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid.