La acción militar de Israel, caracterizada por abusos flagrantes contra los derechos humanos de los palestinos en los territorios ocupados, está dando fuerza a la espiral de violencia, ha dicho Amnistí­a Internacional, al tiempo que pide de nuevo que se enví­en observadores internacionales de los derechos humanos para proteger a los civiles palestinos e israelí­es.

"Amnistí­a Internacional ya pidió que se enviaran observadores de los derechos humanos a Israel y los territorios ocupados en noviembre del 2000. Ahora, 18 meses después y tras la muerte de por lo menos 1.200 palestinos y más de 300 israelí­es -la inmensa mayorí­a de ellos, civiles-, la comunidad internacional continúa como paralizada."

Durante la re?ocupación de la ciudad de Ramala, que comenzó el 29 de marzo con un ataque contra las oficinas del presidente Yasser Arafat, la Fuerza de Defensa Israelí­ ha impuesto el toque de queda. Las tropas han ocupado decenas de casas, recluyendo incluso a 60 residentes en una o dos habitaciones. Con la electricidad, agua y teléfono cortados, los residentes de Ramala están viviendo en condiciones cada vez más difí­ciles a medida que disminuyen las reservas de agua y alimentos. Se han denunciado saqueos de los apartamentos ocupados. La Fuerza de Defensa Israelí­ ha causado daños sin miramientos a hogares, automóviles y edificios; ha forzado la entrada de las oficinas de las organizaciones de derechos humanos, y ha vaciado archivadores y destrozado computadoras.

Visto que la Fuerza de Defensa Israelí­ ha declarado a Ramala y Belén "áreas militares cerradas", e impedido la entrada a los observadores del exterior, a los periodistas, a las Naciones Unidas y al Comité Internacional de la Cruz Roja, se hace difí­cil verificar los informes sobre probables ejecuciones extrajudiciales, incluso de personas detenidas. Sin embargo, parece que cinco policí­as palestinos han sido ejecutados extrajudicialmente. Los mataron con disparos a quemarropa después de que resultaran heridos el viernes pasado. Amnistí­a Internacional ha documentado anteriormente casos de ejecución de personas a las que se buscaba, una práctica a la que la Fuerza de Defensa Israelí­ da el nombre de "verificación de presa muerta".

La Fuerza de Defensa Israelí­ ha disparado frecuentemente contra ambulancias y trabajadores de los servicios médicos y ha impedido que acudieran a prestar ayuda a los heridos, muchos de los cuales han llegado a pasar tres horas desangrándose. Se sabe que por lo menos 14 trabajadores de los servicios de atención médica han sido detenidos; nueve, incluido el presidente de la Asociación de la Media Luna Palestina, Yunis Al Khatib, han sido puestos en libertad sin ser sometidos a interrogatorio. Por lo menos 25 de las personas muertas han tenido que ser sepultadas en el propio terreno del Hospital de Ramallah y otras en otros lugares pues, con el toque de queda, sus familias no han podido recoger los cadáveres y organizar un funeral.

Más de 1.000 palestinos han sido detenidos por la Fuerza de Defensa Israelí­ en los últimos cinco años. Un palestino que fue puesto en libertad posteriormente contó que lo tuvieron en el suelo, esposado, en un edificio en construcción, expuesto a los elementos, y que lo encapuchaban para ir al aseo. También contó que se golpeaba a veces a los presos, según la unidad de la Fuerza de Defensa Israelí­ que estuviera de guardia.

Amnistí­a Internacional ha condenado las terribles explosiones suicidas contra civiles, incluido personal médico, perpetradas por grupos armados palestinos, declarando que nada puede justificar el homicidio deliberado de civiles. La organización ha expresado asimismo profunda preocupación por los homicidios de palestinos que se han perpetrado en muchas partes de los territorios ocupados por sospecha de "colaboración".

"No obstante, estos flagrantes abusos no excusan en modo alguno las violaciones de derechos humanos que Israel está cometiendo contra los palestinos en los territorios ocupados", dice Amnistí­a Internacional. "La lógica de la venganza y las represalias no ha producido sino sufrimiento e inseguridad. Israel debe reconocer que el respeto de los derechos humanos fundamentales es tanto una obligación legal como una solución para poner fin al cí­rculo vicioso del derramamiento de sangre."

Amnistí­a Internacional acoge con satisfacción la resolución adoptada el sábado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la petición encarecida de Mary Robinson de que se enví­en observadores internacionales. Amnistí­a Internacional apoya su propuesta de que la Comisión de Derechos Humanos enví­e una misión a la zona.

"La comunidad internacional está haciendo declaraciones enérgicas. Pero también tiene que pasar a la acción", dice Amnistí­a Internacional. "Por el bien de tantas vidas palestinas e israelí­es, es hora de que la comunidad internacional presione al gobierno israelí­ para que acepte el despliegue de observadores internacionales de los derechos humanos en Israel y en los territorios ocupados."

Con respecto a la crisis en Israel y los territorios ocupados, Amnistí­a Internacional considera que:

La Fuerza de Defensa Israelí­ y las autoridades israelí­es deben poner fin a las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluidos los homicidios ilegí­timos y el uso excesivo de fuerza letal; la destrucción de los hogares y bienes de los palestinos; las "clausuras" de ciudades y pueblos; las detenciones arbitrarias; la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes a los palestinos; la obstaculización del acceso de los profesionales médicos y la atención médica; la obstaculización del acceso de las organizaciones humanitarias internacionales, de las organizaciones de derechos humanos y de los periodistas.

Los grupos armados palestinos deben cesar de tomar por blanco a los civiles israelí­es y poner fin al homicidio ilegí­timo de palestinos. Las autoridades palestinas deben condenar todos los homicidios que toman por blanco a los civiles y hacer cuanto esté en su poder para pararlos.
Para ser viable, cualquier alto el fuego o acuerdo de paz debe abordar el hecho de que este conflicto lo alimentan los abusos contra los derechos humanos. Un alto el fuego que ignore los derechos humanos de todos no puede aportar seguridad.

La comunidad internacional debe actuar de inmediato para desplegar observadores internacionales con un componente fuerte y transparente de observación de los derechos humanos.

Los homicidios ilegí­timos deben ser investigados y los que los hayan cometido u ordenado, sean las autoridades israelí­es, las autoridades palestinas o los grupos armados, deben ser llevados ante la justicia.