El proceso de privatización y, ahora, intento de urbanización de este pinar público es escandaloso. La Diputación lo vendió en 2002 directamente a la empresa Urbis muy por debajo del precio de mercado ( 66.130 m2 por 3.612.000 €, es decir a 54,6 €/m2, ocho veces inferior al precio real). Un pelotazo urbaní­stico con terrenos públicos promovido por una administración gestionada por un partido que viene defendiendo que los terrenos públicos deben ser para usos públicos. El Ayuntamiento intentó modificar la calificación del suelo del hotelero a residencial, cambio que no se consumó debido a la oposición de diversos sectores sociales, pero que ahora se intenta de nuevo con el eufemismo de "apartamentos turí­sticos".

El proyecto de urbanización incluye un "Anexo de Medidas de Protección Ambiental" que se puede calificar de lamentable, pues en ningún momento valora, evalúa ni propone medidas para salvaguardar esta importante masa forestal, convirtiéndose en una mera excusa para su urbanización y destrucción. Los informes del Área de Desarrollo Sostenible apuestan también por la justificación de esta urbanización. El proyecto y el "Anexo medioambiental" ocultan que esta zona está afectada por la Directiva Hábitat, pues incluye dunas litorales con pinos piñoneros, sabinas y enebros. También se obvia que en la Declaración Previa de Impacto Ambiental (DIA) del PGOU actualmente en trámite se prescribe que: "Deberán clasificarse como espacios libres las zonas arboladas existentes en los alrededores del campo de fútbol, las Viñas y camping de Valdelagrana, por constituir núcleo secundario de hábitat de camaleones y tener superficies de los hábitat naturales de interés comunitario". El informe del Jefe de Servicio Jurí­dico del Área de Urbanismo advierte de la afección a hábitats protegidos por la Directiva Comunitaria y del incumplimiento de la DIA. En esta zona existen especies catalogadas como amenazadas en la lista roja de la flora y fauna andaluza, destacando la presencia de sabinas y camaleones. En un término municipal en el que se han destruido en los últimos quince años dos millones de metros cuadrados de terrenos forestales y se han talado más de 50.000 árboles, la polí­tica medioambiental debe ir dirigida a aumentar los terrenos forestales, no a seguir destruyéndolos.

Ecologistas en Acción ha solicitado al Ayuntamiento que se inicien los trámites de reversión de los terrenos a propiedad municipal, se garantice la protección de la totalidad de la zona forestal, se garantice el cumplimiento de la Directiva Hábitats y de la Declaración Previa de Impacto Ambiental y se proceda a la desclasificación en el PGOU actualmente en fase de aprobación de esta zona de uso terciario a zona verde y parque público.

Todo ello con el objetivo de salvaguardar una de las principales áreas forestales que quedan en El Puerto, adecuarla como parque público, asegurar la pervivencia de su valiosa biodiversidad y garantizar el interés público sobre el privado, ya que éste último es el que ha venido imperando en todas las operaciones urbaní­sticas promovidas por las empresas constructoras y apoyadas por el actual Equipo de Gobierno.