La sentencia declara nulas la resolución del Delegado de Gobierno y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que se pronunciaron contrarios a un acto de protesta con fecha de octubre de 2003.

En su dí­a, la Delegación del Gobierno en Madrid, modificó sustancialmente un acto reivindicativo de los trabajadores del INEM, "sin datos objetivos suficientes", produciéndose "una extralimitación y un vaciamiento del derecho de reunión", "sin la proporción exigida constitucionalmente", según el Tribunal Constitucional, "prohibiendo completamente la manifestación y una concentración y mantener exclusivamente una mí­nima concentración en uno solo de los lugares planeados".

Las concentraciones y posterior manifestación fueron prohibidas porque "conllevarí­a importantes retenciones y repercusiones en la movilidad de vehí­culos y peatones". Pero el Constitucional ha fallado que "en una sociedad democrática, el espacio urbano no es sólo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación".

Aunque la protesta estaba convocada por varios sindicatos, sólo USO ha llegado hasta la última instancia judicial para reclamar el reestablecimiento de este derecho fundamental.