Ecologistas en Acción y Greenpeace critican el anuncio del representante de la Junta de Castilla y León por el desprecio que supone a la voluntad de los ciudadanos castellano-leoneses y por implicar una apuesta clara por un modelo energético insostenible, basado en energí­as sucias y peligrosas como la energí­a nuclear.

Los residuos radiactivos de alta actividad, generados en las centrales nucleares, son productos con un gran potencial radiotóxico, que emiten radiactividad durante decenas de miles de años, y para los que no existe solución técnica satisfactoria en ningún paí­s del mundo. El Gobierno central y ENRESA han optado por la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) cuyo emplazamiento está por decidir, pero cuyo proceso de decisión empezará próximamente y, en teorí­a, acabará en octubre de este año. ENRESA ha hecho público en numerosas ocasiones que el cementerio nuclear se construirá en un lugar donde sus habitantes lo acepten pero hasta la fecha hay serias dificultades para encontrar candidatos firmes, a pesar de las compensaciones ofrecidas a quien acepte tal instalación.

Estas dificultades se deben a que una instalación de ese tipo supone un riesgo obvio y una hipoteca de futuro para el municipio donde se construya. En este ambiente de debate, el representante de la Junta de Castilla y León se atrevió a ofrecer su comunidad autónoma para la construcción del ATC, sin haber tenido en cuenta previamente la opinión de sus ciudadanos.

Desde Greenpeace y Ecologistas en Acción queremos señalar que el problema de la gestión de los residuos de alta actividad sólo se solucionará con un gran consenso social que únicamente podrá alcanzarse poniendo sobre la mesa un calendario de cierre progresivo pero urgente de las centrales nucleares, empezando por la central de Santa Marí­a de Garoña (Burgos).

Asimismo, Manuel Ordoñez se permitió ofrecer a esta comunidad autónoma para la construcción de nuevas centrales nucleares, justo en el momento en que el Gobierno ha afirmado que piensa respetar su compromiso de sustitución paulatina de las centrales nucleares existentes por fuentes de energí­a más limpias, seguras y baratas y de concretar un plan antes del fin de la legislatura.

Estos ofrecimientos revelan la actitud antidemocrática de los gobernantes de la Junta de Castilla y León al ofrecer a esta región como basurero nuclear sin contar con la aprobación de sus ciudadanos y de sus municipios que deberí­an albergarlos.

Además, la Junta ha demostrado tener una visión obsoleta y anticuada del problema energético al apostar por la energí­a nuclear y ofrecer su territorio para la construcción de nuevas centrales. Por un lado, este ofrecimiento va en contra de la opinión de la mayorí­a de la ciudadaní­a que se opone a la construcción de nuevas centrales nucleares y que se muestra contraria al uso de la energí­a nuclear para producir electricidad. Por otro lado, las nucleares no son la solución a los problemas energéticos planteados, como muestran numerosos estudios y como se desprende de las conclusiones de la Presidencia de la Mesa de Energí­a Nuclear.