1-Las manifestaciones de responsables del Gobierno Regional dando por sentado que ha existido mala praxis en las sedaciones del hospital Severo Ochoa, son precipitadas y tendenciosas y vulneran el derecho a la presunción de inocencia, conducta esta reiterativa desde el comienzo de la alarma social creada por Lamela, que avaló la existencia del 400 homicidios con la destitución del Coordinador de Urgencias y de la Dirección del Centro.

2-Hay que dejar actuar a la Justicia. Hay que recordar al Consejero de Sanidad que el Juzgado de Instrucción nº 7 todaví­a no se ha pronunciado, y el Juzgado de Instrucción nº 2 lo hizo a favor de los trabajadores del centro.

3-Después de 7 informes contradictorios entre ellos, se hace patente, que es imprescindible la información que puedan aportar los médicos imputados para clarificar si fueron adecuadas o no las actuaciones.

4-Es necesario tomar con cautela las conclusiones del informe del Colegio de Médicos de Madrid porque se han realizado sobre una información incompleta, ofrece múltiples contradicciones y esté siendo criticada su validez desde las asociaciones cientí­ficas.

5-Es preocupante la sospechas de parcialidad que se vierten sobre la Presidencia del Colegio de Médicos y que no se tuviera en cuenta a la Comisión Deontológica del propio Colegio de Médicos.

6-Que la creación de la alarma social así­ como el mantenimiento de la misma a través de las actuaciones de la Consejerí­a de Sanidad está perjudicando la credibilidad en la sanidad pública y abriendo las puertas a la privatización de la misma.

7-La judicialización de las actuaciones médicas respecto a las sedaciones ha inhibido a los médicos de la Comunidad de Madrid sobre su aplicación, incitando de esta manera a la mala praxis médica, el encarnizamiento terapéutico y al sufrimiento de los pacientes terminales.

Solicitamos:

1-La dimisión del Consejero de Sanidad por:

a.La alarma social creada y no justificada por ninguno de los informes realizados, ninguno de los cuales han encontrado relación directa entre las sedaciones y las muertes de los pacientes.

b.El deterioro premeditado en la opinión pública sobre la calidad de la sanidad pública.

c.Por incitar a la mala praxis médica, encarnizamiento terapéutico y el sufrimiento innecesario de los pacientes.

2-La dimisión de la Presidenta del Colegio de Médicos de Madrid de confirmarse las acusaciones de condicionar los contenidos del informe pericial.

3-Respeto a la independencia judicial, solicitando que actúa con prontitud en la medida de lo posible y teniendo en cuenta las declaraciones de los médicos imputados.