Entre 1990 y 2000, el suelo urbanizable en España aumentó 170.384 hectáreas, lo que supone el 25% del territorio. En este mismo periodo se perdieron 239.248 hectáreas de suelo forestal. En 2005 se batieron todos los record de construcción llegando a las 800.000 viviendas. La construcción ha pasado a convertirse en uno de los principales negocios y el motor económico del paí­s. Sólo en 2005 la construcción explicó en España el 40% del aumento del empleo total de la economí­a y el 33% del crecimiento del PIB.

A pesar de estas cifras, España figura en el grupo de paí­ses de la OCDE que ha registrado crecimientos más acusados del precio de la vivienda. De hecho, el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas sociales. En 2005 la relación entre el crédito a las familias y la renta disponible familiar ascendió al 115%. Es decir, los elevados niveles de construcción no están produciendo descensos en los precios de las viviendas, sin embargo, sí­ están creando importantes problemas ambientales.

La degradación del litoral mediterráneo es un ejemplo que se extiende a todo el Estado. Las costas del norte se resienten, la edificabilidad de los 1.700 kilómetros de franja marí­tima en Galicia aumentará un 75% con los nuevos planes urbaní­sticos que programan 600.000 pisos.

El interior del paí­s tampoco se queda atrás. De hecho, el crecimiento urbaní­stico en regiones como Madrid superó la media nacional en la década 1990-2000 urbanizando el 50% de su territorio. Más de un centenar de los 179 municipios de la región prepara en estos momentos sus Planes Generales de Ordenación Urbana, lo que supondrá la inminente salida al mercado de suelo para la construcción de, al menos, 260.000 viviendas.

La marea urbanizadora arrasa con todo. La figura de espacio natural protegido ya no es garantí­a de supervivencia, los gobiernos autónomos modifican los lí­mites, revisan la normativa, autorizando viviendas, grandes infraestructuras, estaciones de esquí­, puertos deportivos, etc. Pero las repercusiones no son sólo ambientales, ya que el patrimonio cultural, histórico y arquitectónico también se resiente. El paisaje de huertas tradicionales en el Levante y Murcia desaparece. Los conjuntos monumentales, a pesar de estar declarados Patrimonio de la Humanidad, están amenazados. Asi, en la ciudad de Toledo se prevé la construcción de la tradicional vega del Tajo y en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), las viviendas se comen la ladera del monte Abantos y arrebatan las vistas del monumental Monasterio.

Asociado a esta vorágine constructiva surgen los problemas de corrupción en la mayorí­a de las administraciones. En este contexto las irregularidades urbaní­sticas son constantes. Los derechos de los ciudadanos se pisotean y los informes ambientales negativos se convierten en positivos. Los Ayuntamientos ocultan información urbaní­stica y son numerosos los casos de prevaricación y delito urbaní­stico cometidos por responsables municipales. A pesar de las denuncias, la impunidad es escandalosa. La falta de sensibilidad o de conocimiento urbaní­stico por parte de muchos jueces contribuye a fomentar esta situación.

Una mención aparte merece lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid donde el propio Gobierno regional, mediante la actual Consejerí­a de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, mira para otra parte e, incluso, favorece actuaciones urbaní­sticas a todas luces irregulares.

Ante esta situación, las cinco organizaciones ecologistas se han dirigido a los 17 Presidentes autonómicos y al Gobierno para solicitar una actitud más activa y eficaz en la persecución de la delincuencia y de las irregularidades urbaní­sticas. En este sentido, las organizaciones confí­an en que la creación de la figura del Fiscal Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo y el nuevo texto de la Ley del Suelo, que tramita el Ministerio de Vivienda, frenen la espiral especuladora en la que ha entrado la práctica totalidad del territorio español.