Casares dimitió ayer de su cargo en protesta por la elaboración de un informe, según sus propias palabras, \"interesado, parcial e injusto\". El responsable del órgano que vela por el respeto de las normas éticas en la profesión médica entiende que Juliana Fariña se ha alineado con los planteamientos defendidos desde el inicio por Manuel Lamela, a quien acusa por otra parte de utilizar su influencia para condicionar los contenidos de la redacción final del dictamen.

UGT-Madrid exige por ello, si tales afirmaciones resultan ciertas, que la asunción de responsabilidades alcancen también al titular de Sanidad Manuel Lamela.

No obstante, con independencia de este particular, UGT-Madrid exige la Partido Popular el respeto debido a la independencia judicial y a la ley, pues tiene que ser en los tribunales donde sea dirimido este caso que amenaza con desprestigiar la profesionalidad de la sanidad pública, impulsar un estado de opinión favorable al negocio privado y coaccionar a los distintos especialistas sanitarios para que adapten sus actuaciones a los mandatos de una moral tan hipócrita como salvaje.