En un bronco pleno del Consejo Económico y Social, celebrado en la tarde de ayer, el grupo de expertos y el grupo empresarial, con la complicidad del presidente, impulsaron un oscuro procedimiento que dio como resultado el abandono del grupo sindical y la aprobación de un informe impresentable por el CES.

Una situación inverosí­mil y una actuación reprobable que pone de manifiesto la falta de respeto a la institución y sus funciones. Quienes aprobaron el informe en la comisión permanente presentan enmiendas hasta desfigurarlo. Sobre ocho recomendaciones del informe presentan once enmiendas, cambian el texto y las reglas de juego.

La culminación del desprecio institucional se produce cuando el ponente del informe para su aprobación también presenta las enmiendas que lo desvirtúan.

CC.OO. y UGT de Madrid muestran su rechazo al Plan de Integración (2006-2008) diseñado por el Gobierno regional, un plan que contribuye a la discriminación de la población inmigrante afincada en esta comunidad autónoma y profundamente electoralista, más pensado para asegurar votos que para resolver la ya de por sí­ delicada situación de estas personas, en relación directa con la lí­nea impulsada por la presidenta regional de granjearse las simpatí­as de comunidades inmigrantes especí­ficas con la inauguración de casas regionales.

Un órgano de gestión como la Consejerí­a / Agencia para la Inmigración y un Plan de intervención tan especí­ficos como los establecidos por el Gobierno regional pueden contribuir a aislar la polí­tica inmigratoria del resto de polí­ticas autonómicas de integración, y de las que llevan a cabo otras administraciones (local y central) también competentes al respecto.

A CC.OO. y UGT nos preocupa especialmente que la atención a la población de origen inmigrante se haya basado en los últimos años en la creación y el mantenimiento de una red cuya gestión es, principalmente, privada y financiada con fondos públicos, todo lo que redundará en dejación de responsabilidades.

El diagnóstico reconoce que los trabajadores extranjeros se concentran en determinados sectores y niveles profesionales, que requieren baja cualificación profesional y uso intensivo de mano de obra. Asimismo se reconoce el peso especí­fico que tiene en la economí­a madrileña el servicio doméstico, los servicios personales y la limpieza industrial que feminizan la fuerza de trabajo en Madrid. Otros análisis realizados por la propia Administración autonómica confirman las diferencias salariales desfavorables de los trabajadores de origen extranjeros respecto a los nacionales.

El Plan no hace un análisis que consideramos imprescindible sobre la economí­a sumergida, que en Madrid representa el 23 por ciento del PIB, y por lo tanto ignora las condiciones de trabajo que soportan un número importante de trabajadores autóctonos y foráneos y en especial estos últimos, cuando se encuentran en situación administrativa irregular.

Este tipo de análisis requerirí­a intervenciones administrativas más comprometidas con el derecho del trabajo y la justicia social, que las propuestas en el Plan. Por ello CC.OO. y UGT proponen, entre otras medidas, luchar decididamente contra el fraude en la contratación, el control del empleo irregular y la discriminación en las condiciones de trabajo; implicar al Servicio Regional de Empleo en la orientación, inserción, y formación laboral de los trabajadores extranjeros; crear un servicio público de acogida integral e información, orientación y acompañamiento, en los momentos iniciales de incorporación al mercado de trabajo, evitando así­ la exclusión social; Incluir medidas para la integración laboral de la población inmigrante que alcanza los 18 años sin contar con ningún referente laboral; y posibilitar el acceso de familias migrantes a entornos de escasa población, garantizando el principio rector de igualdad de trato y oportunidades, que informa todos los proyectos de desarrollo local.

VIVIENDA
Actualmente se fija el esfuerzo de accesibilidad en torno al 60 por ciento de la renta familiar, muy lejos del 30 por ciento deseable. La vivienda, una herramienta fundamental para la integración social, se ha convertido en Madrid en un recurso para acumulación especulativa de riqueza, perdiendo su valor de uso social. El Plan reconoce esta situación pero no articula ninguna propuesta efectiva para intervenir en el mercado.

EDUCACIÓN
El Plan reconoce que los centros públicos asumen la escolarización de un 75 por ciento de los alumnos de origen inmigrante, mientras que los centros concertados sólo escolarizan un 25 por ciento, y que esta proporción se ha mantenido a lo largo de los últimos años. Pero no propone ninguna actuación administrativa para la distribución equilibrada del alumnado entre todos los centros soportados con fondos públicos.

SERVICIOS SOCIALES
Aunque se reconocen la ausencia de diferencias en este particular entre la población autóctona y la inmigrante, no son dispuestas medidas que deberí­an ser ejercida de forma muy próxima a los administrados, es decir por los ayuntamientos. En este sentido, habrí­a que mejorar las dotaciones personales y técnicas de estos servicios sociales municipales de base (SSM), y darlos a conocer como servicio de acceso universal, aunque eso suponga transferir recursos presupuestarios del Gobierno regional, de forma pactada, a los ayuntamientos.

Por otra parte, deberí­a hablarse de salud, antes que de sanidad, a fin de garantizar este nivel a toda la población, independientemente de su origen, y no sólo facilitar el acceso de estos últimos al sistema sanitario, que es lo que propone muy limitadamente el Plan.

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO
El Gobierno regional no puede seguir ignorando a los ayuntamientos, que son los agentes reales de integración social y ciudadana. Serí­a conveniente además establecer una Comisión de Seguimiento y Evaluación competente en las acciones que desarrolle el Plan e integrada por las tres administraciones y los agentes sociales.