En España los siniestros con baja durante la jornada laboral crecieron el 2,5% y los "in itinere" un 6,7%, sin embargo descendieron un 9,6% los siniestros en los que perdió la vida un trabajador. En accidentes de trabajo con baja en jornada laboral, el crecimiento en el conjunto del Paí­s durante los años 1999, 2000 y 2001, tomando como base 1998, ha sido del 15,3%, 7,8% y 2,5%.

CC.OO. propone un control sistemático por parte de la Inspección de trabajo, donde los inspectores se repartan las empresas con alta siniestralidad y sean visitadas periódicamente, de tal forma que pasen regularmente cada mes, y si no cumplen los requerimientos oportunos, sean sancionadas.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece claramente que el empresario es el principal responsable de la seguridad de los trabajadores, porque es bajo la dirección y la organización del empresario cuando se desarrolla la actividad productiva. CC.OO. recuerda, por tanto, que todo lo que se derive de esa organización y dirección de la empresa es responsabilidad del empresario, ya que no es el trabajador el que dirige el trabajo, y por eso no puede ser el responsable de las consecuencias de la dirección equivocada.

Para detectar y perseguir a las empresas con mayores í­ndices de siniestralidad, CC.OO.. propone que se registren todas las empresas que tienen en su haber una sentencia por incumplimiento de seguridad y salud en el trabajo y que, por lo tanto, se ha producido un accidente en las mismas. Esta medida podrí­a ser la base para que las Administraciones Públicas, tal y como contempla la normativa vigente, no contraten empresas que hayan tenido sentencias e estas caracterí­sticas.

Por último, CC.OO. aboga por la creación de la figura de los delegados territoriales en materia de seguridad y salud en el trabajo que representen a los trabajadores de las empresas donde hay menos de seis empleados y donde, por tanto, no se celebran elecciones sindicales. Propone también perseguir a aquellos empresarios que cumplen la ley sólo formalmente, ya que se ha detectado que la mayorí­a de los empresarios contratan un servicio para elaborar una valoración de riesgos y un plan de prevención ajustado a la ley que luego no aplican.