CC.OO. aboga por un sistema de cobertura al desempleo universal que proteja a todos los trabajadores que no tengan empleo y considera que hay que mejorar la cobertura del desempleo porque hay exceso de cotizaciones sociales y la cotización al desempleo es una cotización finalista, y es una injusticia que haya mujeres, mayores de 45 años y jóvenes que no reciben ninguna prestación. Así­, hace un llamamiento al Gobierno para que gobierne en base al modelo social europeo, lo que significa protección social y creación de empleo

El INEM tiene un excedente de más de medio billón de pesetas (3.000 millones de euros), mientras tanto, el 40 % de los parados no tiene cobertura. Hay que tener en cuenta que el desempleo es una prestación anticí­clica, que la demanda crece cuando aumenta el paro, por ello, frente al ansia del Ministerio de Economí­a de recortar prestaciones, CC.OO. considera que "serí­a mejor que se dedicaran a elaborar polí­ticas económicas que reactiven la economí­a", ya que esa es su primera responsabilidad.

CC.OO., considera ociosa la discusión sobre la propuesta de los ministros Montoro y Rato de establecer una especie de paga complementaria a parados que encuentren trabajo y que estén remunerados de forma inferior o similar al subsidio mensual que reciben (pensando en los parados mayores de 45 años que son los que están mas tiempo en paro y los que peores ofertas reciben), ya que estamos hablando de ofertas de empleo precarias.

A juicio de CC.OO., los argumentos de los ministros económicos no son nada sólidos, el ejemplo del Reino Unido desmonta esta filosofí­a, allí­ la prestación por desempleo tiene cobertura universal y el paro es del 5,7% y en España tenemos como ejemplo que el recorte de la prestación por desempleo del año 92, dejó a la mayorí­a de los parados sin cobertura y no se reactivó la economí­a, lo que demuestra que los parados encuentran empleo si hay empleo, y es un irracionalidad pensar que una persona no quiere trabajar si tiene una oferta adecuada de trabajo. Por ello insiste en una polí­tica de gasto público más ambiciosa, que permita incrementar la cuantí­a del Salario Mí­nimo Interprofesional, mejorar la formación de los parados e impulsar el parque de vivienda pública.