Las medidas anunciadas por las autoridades de la Provincia de Buenos Aires para encarar el problema de la tortura, constituyen una primera respuesta positiva a las repetidas denuncias de las organizaciones de derechos humanos, declaró hoy Amnistí­a Internacional, expresando la esperanza de que esto marque el comienzo de una nueva época en el respeto de los derechos humanos en Argentina.

"Lamentablemente, más de seis semanas después de nuestra visita a Argentina, no hemos recibido respuesta del gobierno federal sobre las medidas a implementarse para resolver las preocupaciones presentadas ante el Dr. Óscar Fappiano, subsecretario de derechos humanos, quien nos recibió en nombre del presidente de la República," recalcó la organización.

Durante una reciente visita, una delegación de Amnistí­a Internacional se reunió con representantes del gobierno federal y de la Provincia de Buenos Aires para presentarles sus preocupaciones sobre la situación de derechos humanos en el paí­s, que abarcan tanto las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y todaví­a pendientes, como también la práctica de la tortura, los malos tratos y el uso excesivo de la fuerza que todaví­a afligen el paí­s.

La organización ha exhortado a las autoridades argentinas a que en la implementación de nuevas polí­ticas económicas no se ignoren los derechos enmarcados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre los cuales se incluyen el derecho al trabajo, a un adecuado nivel de vida, a la educación y a la salud.

"Los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y deben ser respetados en su totalidad, aun en circunstancias crí­ticas," enfatizó Amnistí­a Internacional.

La organización calificó de alentadores los desarrollos registrados en la provincia de Buenos Aires, donde en las últimas semanas se han anunciado medidas contra la tortura, entre las cuales se destacan la creación de un programa provincial contra la tortura, que incluirá polí­ticas preventivas y de control en las cárceles y comisarí­as, y la renovación de la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense.

"Amnistí­a Internacional continuará siguiendo de cerca estos desarrollos e insistiendo para que se impulsen a nivel federal las medidas necesarias para la protección y promoción de los derechos humanos," manifestó la organización.

Asimismo, Amnistí­a Internacional quiso unir su voz a las de las organizaciones de derechos humanos argentinas y de los familiares de las miles de ví­ctimas de violaciones cometidas durante los gobiernos militares, pidiendo que la anulación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida sea considerada a nivel legislativo.

"Aunque ha pasado más de un cuarto de siglo desde el golpe de estado militar en Argentina, se sigue negando la verdad y la justicia a miles de personas que sufrieron violaciones de los derechos humanos durante los gobiernos militares, y a sus familiares," declaró la organización, reiterando su petición para que se anulen estas leyes que de hecho institucionalizan la impunidad en Argentina.