En CGT mantenemos que la actual propuesta (con sus modificaciones) sigue siendo la propuesta más desreguladora de todos los servicios, incluidos los públicos, con excepción de aquellos que ya se encontraban liberalizados como los servicios postales, los transportes, las telecomunicaciones y la energí­a: electricidad y gas.

Se "constitucionaliza" la libertad absoluta o cuasi absoluta del capital tanto para localizarse, reubicarse o establecerse, en base a las reglas de la competencia, no de las necesidades sociales, culturales, fiscales y medioambientales, como de la libertad absoluta en la contratación-prestación de cualquier servicio que no afecte al "interés general" de un EM.

Los conflictos de interpretación en cuanto a las legislaciones del paí­s de origen o de acogida, no sólo introducen una ambigí¼edad en cuanto al respeto de los derechos laborales, sino que claramente fomentan el dumping social al definir que cualquier persona fí­sica puede ser prestador de servicio, siempre que no preste ese servicio de forma subordinada. (hablamos de la proliferación de "falsos autónomos" a escala ¿europea?).

Los poderes públicos, los controles democráticos "“bien ví­a parlamentos, bien ví­a gobiernos-, se recortan y socavan, dejando a la ciudadaní­a como meros consumidores para el mejor desarrollo competitivo. Las polí­ticas europeas en función de su posicionamiento en la ronda de negociaciones de la OMC en lo relativo al Acuerdo General de Comercio de Servicios, salen reforzadas con esta Directiva Bolkenstein.

Nuestra posición es y será: Fuera Directiva Bolkestein. Es la única manera de ser consecuentes contra la lógica de la competitividad establecida por la Comisión y concretada en la estrategia de Lisboa.

Sólo queda la segunda lectura de esta propuesta por el Parlamento para que se apruebe la Directiva Bolkestein. Desde CGT llamamos al endurecimiento de la movilización para evitarlo.