La Secretarí­a Confederal de Polí­tica Social de CCOO quiere señalar que el factor que determina en mayor grado el elevado precio de las viviendas es el suelo. De hecho, la media de tiempo que transcurre desde que se proyecta el suelo hasta que se entregan las llaves es de una media de 15 años. Teniendo en cuenta que en la construcción fí­sica de las viviendas apenas alcanza los dos años, el suelo está sometido durante casi tres lustros a una espiral de especulación que lo encarece exponencialmente.

Aunque No existe un í­ndice oficial de precios del suelo urbano, los datos procedentes de las empresas de tasación arrojan un crecimiento que supera 40% anual, mientras que, en comparación, la subida media de los salarios está situada en torno al 3%.

A Juicio de CC.OO. era necesario modificar la Ley del Suelo de 1998 que contempla el hecho de que todo el suelo existente en nuestro paí­s es urbanizable, a excepción del explí­citamente protegido. Igualmente, hemos de mencionar la necesidad de que los cambios legislativos que se promuevan deben ser fruto de un amplio consenso polí­tico y social, ya que el elevado número de legislaciones en esta materia, 8 en apenas 12 años, hace que ninguna legislación sea capaz de aplicarse en su totalidad y por tanto no tiene los efectos que persigue.

De este modo, la nueva Ley del Suelo debe contener una serie de medidas que garanticen el interés general sobre cualquier otro. A juicio de CC.OO. tanto el sistema de valoración de suelo como el resto de medidas que se contemplan deben asegurar que el derecho a la vivienda prime sobre otros derechos mercantiles que, aunque legí­timos, deben tener un segundo plano.

El sistema que deben utilizarse para que el suelo de las Administraciones salga al mercado debe ser el concurso y no la subasta, que se ha demostrado como un mecanismo netamente especulativo que no contempla la dimensión social que debe tener el suelo.

En el mismo sentido, es absolutamente necesario aprovechar el cambio normativo para garantizar la reserva de suelo para vivienda protegida creando además instrumentos de control que vigilen su cumplimiento efectivo.