Desde 1985, primera gran reforma de la Seguridad Social, endureciendo los requisitos de accesibilidad para tener derecho a pensión contributiva y alargando el perí­odo de cálculo (bajando de esta forma la cuantí­a de la pensión), pasando por la segunda contrarreforma en 1997 (racionalización del sistema de pensiones y seguridad social), la cual alarga el perí­odo de cálculo de dos a ocho años "“de forma progresiva en el tiempo-, con el consiguiente "bocado" a la cuantí­a de la pensión, hasta llegar al gran pacto polí­tico denominado "El Pacto de Toledo" en el 95 y su posterior revisión en el 2002, hasta esta nueva reforma, han girado en torno a dos ejes:

Uno: la disminución real de la prestación pública en la cuantí­a de la pensión, obligando de esta manera a "invertir" rentas salariales (muy exiguas) en planes y fondos de pensiones privados. Y dos: el alargamiento del perí­odo de cálculo a la hora de establecer la cuantí­a de la prestación.

La Reforma Laboral firmada el 9 de mayo introduce un recorte en los fondos o ingresos al sistema de seguridad social: los empresarios cotizarán menos. La Reforma de la Seguridad Social que nos anuncian alarga el perí­odo de cálculo a los 15 años efectivos, lo que supone más cotizaciones por parte de los trabajadores y trabajadoras para compensar la disminución de ingresos por parte de los patronos. A la vez, penaliza la jubilación anticipada (de los 60 años pasa a los 61 años) y endurece los coeficientes reductores cuando el trabajador/a quiere jubilarse antes de los 65 años, al tiempo que "premia" a aquellos trabajadores/as que quieran permanecer más allá de los 65 años"¦.

Todo un negocio: el empresario disminuye sus ingresos ví­a reducción de cuotas, el trabajador tiene que hacer más ingresos al aumentarle el perí­odo de cálculo (15 años efectivos) y, encima, va a "consumir" menos prestación, pues le incentivan que continúe trabajando hasta los 70, 71, 80"¦.

El mercado privado, sobre todo el financiero, siempre ha considerado que el bocado de la seguridad Social era demasiado apetitoso como para seguir siendo "monopolio" de lo público.

En 1987 se sancionó la ley de Planes y Fondos de Pensiones privados, los cuales se introducen en la sociedad con un argumento miserable: el déficit del sistema público de la seguridad social y su quiebra financiera de no introducir correcciones y racionalización. En el 2004, todas las Administraciones Públicas crean el Plan de Pensiones Privado para más de 2,5 millones de trabajadores/as.

Ahora nos enfrentamos a un paso más en la destrucción de lo público, y el Gobierno, con el consentimiento y beneplácito de los "agentes sociales" (sindicatos CC.OO. y UGT) y la "alegrí­a" de la CEOE, a través de la nueva Ley de IRPF, "premia" las desgravaciones fiscales de los fondos privados de pensiones.

Es el mundo al revés: La polí­tica institucional, venga de la Comisión Europea, de los gobiernos de los distintos paí­ses de la UE o de los "agentes sociales", sigue ajena a la búsqueda de otras soluciones que coloquen el acento en las personas y no en el mercado.

CGT no puede quedarse en la reflexión sobre el grado de racionalidad o irracionalidad que las diferentes polí­ticas de gobiernos, empresarios y sindicatos mayoritarios discuten y sancionan. Nuestro compromiso es con la realidad social y de los debates y las reflexiones tenemos que pasar a la movilización de nuestras ideas para que éstas cumplan el papel de transformar esa realidad compleja, difí­cil y cada vez menos solidaria.

CGT apuesta y lucha por la cultura de los derechos sociales para todos y todas.

Ante esta situación, desde CGT hacemos un llamamiento a continuar en la firmeza de la movilización, que se materializará, entre otras acciones, en la manifestación que convoca CGT el 10 de junio en Madrid.

MANIFESTACIÓN CONTRA

18:00 HORAS
PLAZA DE ESPAÑA