Sin embargo, la sociedad civil, incluyendo el movimiento de defensa de los derechos humanos, continuó ganando fuerza e influencia en su lucha por mejores condiciones de vida, transparencia y responsabilidad gubernamental y respeto por los derechos humanos. Esto es lo que revela el Informe 2005 sobre Derechos Humanos, divulgado hoy, dí­a 23, por Amnistí­a Internacional.

La vida de la mayor parte de las personas continuó siendo afectada por la discriminación y la pobreza, las cuales dieron origen al descontento social y a la instabilidad polí­tica en varios paí­ses. Los movimientos indí­genas, representando a algunos de los pueblos más pobres y marginados de las Américas, reforzaron su desafí­o a las estructuras polí­ticas tradicionales, principalmente en la región Andina.

Los abusos, torturas y maltratos de detenidos cometidos por la policí­a continuaron siendo generalizados. Continuaron siendo relatadas -desapariciones- en el contexto del conflicto interno de Colombia. La violencia contra las mujeres fue endémica en toda la región y los asesinatos de mujeres en El Salvador, Guatemala y México, así­ como la aparente indiferencia de las autoridades, causaron la indignación general. El conflicto en Colombia y los elevados í­ndices de criminalidad organizada por toda la región continuaron afectando adversamente los derechos de un gran número de personas.

Las polí­ticas conducidas por Estados Unidos en nombre de la seguridad debilitaron los derechos humanos en el interior de su paí­s y en muchos otros paí­ses por todo el mundo. Desastres naturales, incluyendo una serie de huracanes devastadores, afectaron a varios paí­ses del Caribe y de América Central y algunos estados del sur de EEUU, agravando los niveles ya preocupantes de pobreza y marginación.

La hipocresí­a y el no respeto de los principios básicos de los derechos humanos y de las obligaciones legales internacionales continuaron marcando la -guerra al terrorismo- de EEUU. Miles de personas continuaron detenidas sin ninguna acusación debajo de la custodia estadounidense en Irak, en Afganistán y en Bahí­a de Guantánamo, Cuba, y en centros de detención secretos conocidos como -lugares negros- supuestamente existentes en Europa, en el Norte de África y en otros lugares.

El estado de derecho estaba amenazado en varios paí­ses por polí­ticas gubernamentales abusivas, corrupción, discriminación y desigualdades que generaron cuestionamientos por parte de las comunidades marginadas, principalmente en los paí­ses Andinos. Otra vez, los movimientos indí­genas estuvieron en la primera lí­nea de las protestas y exigieron en forma cada vez más activa sus derechos y una mayor participación en la vida polí­tica. Los Gobiernos de Ecuador y de Bolivia fueron obligados a renunciar debido a la fuerte oposición popular.

En Colombia, el estado de derecho estaba amenazado por las polí­ticas gubernamentales en el duradero contexto conflictivo. Todas las partes involucradas en el conflicto continuaron cometiendo abusos de los derechos humanos en forma generalizada, principalmente contra la población civil. En algunas ciudades de Brasil, América Central y el Caribe, barrios enteros estaban acorralados entre la violencia delictiva, muchas veces relacionada con grupos organizados, y la violenta y represiva respuesta de las fuerzas de seguridad, cuyos métodos violaban los derechos de comunidades enteras.

La tendencia hacia la militarización de las fuerzas de seguridad continuó aumentando. En América Central, el papel de las fuerzas armadas estuvo cada vez más ligado al mantenimiento del orden público y al combate del crimen. En Haití­, grupos ilegales armados y agentes de la policí­a estuvieron implicados en la muerte y secuestro de civiles.

La proliferación de armas ligeras continuó siendo una preocupación, a pesar de las tentativas de algunos gobiernos para restringirlas. En un referendo realizado en Brasil, el 64 por ciento de los electores votaron contra una propuesta para prohibir la venta de armas de fuego.

Miembros de las fuerzas de seguridad continuaron cometiendo violaciones generalizadas de los derechos humanos con impunidad. Por toda la región fueron relatados casos de tortura y otras formas de maltratos, a veces terminando en muertes bajo custodia, pero pocos responsables fueron castigados.

Muchas cárceles estaban seriamente superpobladas y no tení­an servicios básicos. Frecuentemente, las condiciones eran equivalentes al trato cruel, inhumano y degradante. Esta situación provocó varios motines por toda la región, que dieron como resultado decenas de muertes, en su mayor parte jóvenes pobres del sexo masculino.

La violencia contra las mujeres continuó siendo uno de los desafí­os más apremiantes en el campo de los derechos humanos en las Américas. Por toda la región, los gobiernos continuaron ignorando lo que está escrito en los tratados de defensa de los derechos humanos de las mujeres.

El número de mujeres asesinadas en Ciudad Juarez, México, continuó aumentando y no se realizaron progresos suficientes para terminar con la impunidad de los autores de raptos y asesinatos cometidos en esa ciudad o en Chihuahua. El número de mujeres asesinadas en Guatemala aumentó a 665, número comparativamente más elevado teniendo en cuenta las 527 del año 2004, y el número de casos de abusos sexuales y asesinatos de mujeres en El Salvador, que comenzara a subir en 2002, continuó aumentando. Pocos progresos fueron realizados en la investigación de estos casos y en la prevención de su repetición.

Hubo indicios de una ligera reducción en los niveles de pobreza en algunos paí­ses de la región. Sin embargo, estos números disfrazaban bolsillos en declinación en algunas regiones, incluyendo Haití­ y algunas zonas rurales de Guatemala, Perú y otros paí­ses. Las desigualdades sociales y de rendimientos continuaron siendo las más elevadas en el mundo, perjudicando el potencial de desarrollo global.

Varios paí­ses, incluyendo Belice y Trinidad y Tobago, continuaron condenando presos a la pena de muerte. Sin embargo, las únicas ejecuciones en toda la región ocurrieron en EEUU. México abolió la pena de muerte para todos los delitos. Además, por toda la región, los activistas de derechos humanos llevaron a cabo una campaña vigorosa en el sentido de hacer que los gobiernos y grupos armados cumpliesen sus obligaciones de respeto de los patrones domésticos e internacionales de los derechos humanos.

En 2006, Amnistí­a Internacional se comprometió a: resistir los ataques contra los patrones de los derechos humanos, principalmente contra la prohibición absoluta de tortura y maltratos; exigir el cierre del campo de detención de Bahí­a de Guantánamo y de los centros de detención secretos, y la revelación de toda la verdad sobre las -rendiciones extraordinarias- y los -prisioneros fantasmas-; condenar vehementemente los ataques deliberados de grupos armados contra civiles; luchar para terminar con la impunidad y reforzar los sistemas judiciales nacionales e internacionales; y denunciar los abusos de los derechos humanos cometidos durante los conflictos armados, y realizar una campaña por la creación de un tratado internacional sobre el comercio de armas destinado a controlar su venta, entre otras acciones.

Para acceder al informe completo, consultar el website en Internet http://web.amnesty.org/report2006/index-esl (en español).

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com