La evaluación tomó como base lo dispuesto en la resolución 53/144, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 09 de diciembre de 1981.

– La misión constató que, a pesar de no existir obstáculos legales para el ejercicio de la actividad de defensa de los derechos humanos y de una actitud formal de respeto por la acción de la misma, se observa que existen una serie de omisiones por parte de las diversas agencias del Estado, que hacen difí­cil el trabajo de los defensores-, dijo el informe.

Los defensores de derechos humanos en Bolivia sufren amenazas, persecuciones y acciones hostiles. La mayorí­a de las amenazas son realizadas por agentes privados, pero las autoridades gubernamentales nacionales, regionales y municipales no se pronuncian sobre el tema.

Grupos armados de civiles, contratados por terratenientes, empresarios y detentores del poder económico, actúan violando los derechos de los defensores. Según la misión, la existencia de esos grupos -constituye un hecho grave, al cual el gobierno y la justicia bolivianos no prestaron la debida atención a su representación, ni hacia el adecuado castigo de quienes los financian-.

Durante el perí­odo en que estuvo en Bolivia, la misión internacional constató que la corrupción de la justicia boliviana es generalizada y que los defensores de derechos humanos tienen conciencia de ese alto nivel de corrupción. Las formas más evidentes de corrupción de la justicia son los pedidos de sobornos y la toma de decisiones determinadas por intereses polí­ticos y económicos.

Para los evaluadores, uno de los principales problemas encontrados es la impunidad. Quien amenaza o comete acciones hostiles contra los defensores no es castigado, las investigaciones no son concluidas, los testigos y denunciantes no son protegidos. Es necesario que investigaciones profundas, imparciales e independientes sean promovidas para que la impunidad sea combatida.

Para que los bolivianos avancen en la protección de todos aquellos que promueven la defensa de derechos civiles, polí­ticos, sociales, económicos, culturales y colectivos, la misión internacional recomienda: reconocer la legitimidad del trabajo de los defensores de derechos humanos y castigar a quien, ilegalmente, coloque obstáculos; promover y financiar una amplia campaña de divulgación de los derechos humanos; promover la inclusión en la normativa vigente de las disposiciones que permitan castigar los actos de persecución y agresión; impulsar la ley de derechos sexuales y reproductivos, tal como habí­a sido adoptada por el Congreso.

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com