Hasta el momento, hemos podido evidenciar una vez más que ni por parte del Gobierno español ni por parte de la mayorí­a de los partidos polí­ticos existe voluntad polí­tica para abolir la Deuda Externa, el principal obstáculo que impide una coherente lucha contra la pobreza y en favor de los Derechos Humanos.

Sólo una mí­nima parte de las demandas de la sociedad civil, como son la vinculación de la gestión de la deuda con la polí­tica de cooperación y algunos aspectos de transparencia informativa y participación de la sociedad civil, se recogen de manera parcial e insuficiente en la Ley. Por lo que respecta al resto de demandas que se han hecho llegar a gobierno y diputados no se vislumbra avance alguno. La mayorí­a de los aspectos que pretende regular la Ley siguen una lí­nea continuista con las polí­ticas anteriores de gestión de deuda, con las que nosotros no estamos de acuerdo.

Desde la Alianza Española contra la Pobreza, que integra una parte importante de la sociedad civil organizada y quien lucha desde hace muchos años contra la Deuda Externa, queremos manifestar insistentemente que aún estamos a tiempo de mejorar esta ley. Para ello los grupos parlamentarios deberí­an prolongar el periodo de debate parlamentario, darlo a conocer públicamente, profundizar el dialogo con la sociedad civil e incluir en el articulado de la ley, aspectos tan importantes como:

Corresponsabilidad: la Ley debe recoger explí­citamente el principio de corresponsabilidad entre acreedores y deudores como punto de partida desde el cual entender el tratamiento de la deuda externa. La asunción de esta corresponsabilidad debe ir acompañada de auditorias integrales de la deuda, para evaluar el origen de la misma a fin de conocer su ilegitimidad.

Gestión de los recursos liberados: la única condicionalidad admisible en el tratamiento de la deuda es la vinculación de los recursos liberados por las cancelaciones de deudas legí­timas a la reducción de la pobreza, garantizando en todo momento la participación de la sociedad civil afectada, que no generen más deuda externa, que no supongan más ayuda ligada a intereses económicos españoles y que no violen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los paí­ses endeudados. Es inadmisible condicionar las cancelaciones a la aplicación de medidas de polí­tica económica impuestas por las Instituciones Financieras Internacionales.

Nuevos préstamos: para evitar la reproducción de nuevas crisis de endeudamiento, la Ley debe promover una revisión, reformulación y/o eliminación de los mecanismos de generación de nueva deuda (FAD y CESCE), desligando la ayuda de intereses económicos y comerciales.

Adicionalidad: la Ley debe establecer que las operaciones relacionadas con la deuda externa sean adicionales a los compromisos de AOD. Ha de existir un compromiso para no contabilizar las cancelaciones de deuda como Ayuda Oficial al Desarrollo.

Participación social: La participación de la sociedad civil tanto del norte como del sur debe quedar recogida en el articulado de la Ley, a través de un subcomité dependiente del Consejo de Cooperación, tal y como recoge la exposición de motivos de dicha Ley. En el articulado deberí­an detallarse las funciones ejecutivas y/o vinculantes de este subcomité de deuda.

Transparencia: la Ley debe facilitar al máximo la información disponible sobre cualquier aspecto relacionado con la gestión de la deuda.

Consideramos todos estos aspectos el mí­nimo a tener en cuenta en la Ley. Si no son finalmente recogidos, la sociedad civil tendrá una nueva evidencia de la falta de voluntad polí­tica para acabar con el problema de la Deuda Externa. Las cuestiones expuestas en este comunicado son asumibles por el Estado español. Las polí­ticas de gestión de la deuda externa siguen siendo para el Gobierno español una buena estrategia para internacionalizar la empresa española e inflar las cifras de Ayuda Oficial al Desarrollo. El acuerdo sobre esta nueva ley demostrará si existe un "doble rasero" en la polí­tica de cooperación del Gobierno socialista, si dicha polí­tica está subordinada a las órdenes del Ministerio de Economí­a o, si por el contrario, pretende luchar contra las verdaderas causas de la pobreza.