El próximo 23 de mayo, martes, se debate en la Comisión de Asuntos Exteriores la aprobación de la futura ley de gestión de la deuda de la que España es acreedora. El texto actual no alcanza las expectativas propuestas por las organizaciones de la sociedad civil, que esperábamos el establecimiento de medidas que garantizaran un plazo más corto para acabar con la crisis de la deuda externa de los paí­ses del Sur y sus poblaciones más pobres.

Consideramos que la presente ley debe:

Incluir la corresponsabilidad entre paí­ses acreedores y endeudados y el establecimiento de mecanismos de arbitraje, auditorí­a y evaluaciones de los contratos origen de las deudas previas a las cancelaciones y renegociaciones.

No condicionar la condonación de deuda a la aplicación de una polí­tica económica de liberalización total de mercados financieros, y de apertura comercial sólo en los paí­ses del Sur. La única condición aceptable es que los recursos liberados por las condonaciones se dediquen a la consecución de los objetivos del milenio.

Condonar, como mí­nimo, la deuda total de los paí­ses de África Subsahariana, los Paí­ses Menos Adelantados y los Paí­ses Pobres Altamente Endeudados en los próximos tres años. Esta condonación se debe hacer previa cancelación de las deudas con origen en préstamos a regí­menes despóticos, proyectos que nunca llegaron a funcionar, y deudas impagables si la prioridad está en la defensa de la dignidad humana.

Evitar la vinculación de las operaciones de deuda a los intereses comerciales de internacionalización de empresas españolas. Así­ España contribuirá a la imprescindible promoción del tejido productivo y social local.

Garantizar la planificación y previsión de la polí­tica de gestión de la deuda a largo plazo.
Considerar los recursos liberados por la condonación y canje de deuda como recursos adicionales, tanto en los compromisos de Ayuda Oficial al Desarrollo del Gobierno español como en las partidas de los presupuestos de los paí­ses del Sur,

Garantizar la participación social y promover la transparencia, tanto en el Sur como en el Norte, en las negociaciones y ejecución de los acuerdos relacionados con la gestión de la deuda. La experiencia de funcionamiento de la Ley de Deuda en Italia demuestra que esta participación social es la garantí­a del éxito de las operaciones de Deuda.

En todos estos puntos coincidimos con las campañas sobre deuda externa actualmente en marcha en nuestro paí­s.

Al mismo tiempo consideramos urgente e importante:

Cambiar la perspectiva financiera en la gestión de la deuda por la perspectiva de la consistencia de la hacienda pública local y priorizar la inversión local en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más pobres.

Incluir a paí­ses de ingreso medio pero alto porcentaje de poblaciones empobrecidas en las operaciones de condonación de deuda.

Estas demandas de las organizaciones sociales se refieren a la deuda bilateral, es decir, a la deuda que de la que es acreedor el Estado español, pero deberí­an ser también aplicadas a nivel de la deuda multilateral, concedida por organismos internacionales.

La ley de gestión de la deuda es una de las leyes más demandadas por la sociedad civil española, preocupada por el desarrollo humano y sostenible de los paí­ses del Sur.