El concejal de "Especulación Urbaní­stica" de El Puerto, Juan Carlos Rodrí­guez, no tiene vergí¼enza (bueno, hace tiempo que la perdió). Ayer difundió a bombo y platillo que el Defensor del Pueblo habí­a archivado la denuncia de Ecologistas en Acción dándole la razón al Ayuntamiento. Además, anunció acciones legales contra nosotros por haber denunciado que el Ayuntamiento promueve la especulación y las ilegalidades urbaní­sticas.

Ecologistas en Acción y la Plataforma "Salvemos El Puerto" presentaron en marzo del año pasado un informe al Defensor del Pueblo en relación con el nuevo PGOU y los convenios urbaní­sticos que se estaban tramitando, por las siguientes razones:

– El PGOU y los convenios pretendí­an recalificar la mayorí­a de los terrenos forestales protegidos en la actualidad. También le exponí­amos que no se habí­a contestado ni incluido en el PGOU la Sugerencia que habí­a contado con más apoyo social, la presentada por 1.250 vecinos oponiéndose a la recalificación de terrenos forestales, pues el PGOU incluí­a la mayorí­a de estas zonas forestales como urbanizables.

– El Ayuntamiento habí­a aprobado un total de 22 convenios urbaní­sticos, que afectaban a 2.596.000 m2 de suelos clasificaos en la actualidad como no urbanizables, de los que unos 500.000 m2 son "No urbanizables especialmente protegidos por su interés forestal", eximiendo a los promotores de hacer viviendas de protección oficial, reduciendo cesiones"¦ y todo a cambio de pagos en metálico al Ayuntamiento.

Pues bien, el alcalde y el concejal de urbanismo han intentado obstaculizar de todas las formas posibles la investigación abierta por el Defensor del Pueblo a raí­z de nuestra queja, no respondiendo (hubo varias requisitorias al respecto), o negándose a mandarle la documentación solicitada, llegando a proponer al sr. Chamizo que se desplazara a El Puerto para verla. Además, han estado remitiendo escritos al Defensor del Pueblo en los que descaradamente mienten para que no prosiguiera la investigación. Hernán Dí­az y Juan Carlos Rodrí­guez han asegurado al Defensor del Pueblo lo siguiente:

* Que los convenios urbaní­sticos garantizan los porcentajes de VPO a que obliga la Ley 13/05, esto es, el 30% de la edificabilidad en cada sector urbanizable (falso).

* Que los convenios exigí­an el mantenimiento de las masas arbóreas (falso)

* Que ni el PGOU ni los convenios proponen cambios en la clasificación de los terrenos forestales (falso).

* Que el Documento de Aprobación Provisional (el presentado recientemente) cumple con la Declaración de Impacto Ambiental (falso).

* Que el Ayuntamiento utiliza todos los medios para sancionar las viviendas ilegales y ordenar su demolición (falso)

* Que el PGOU saldrá de nuevo a información pública.

* Y que el 80% de los convenios son inviables

(Estas dos últimas afirmaciones son las únicas verí­dicas.)

En vista de esta respuesta, el Defensor del Pueblo nos comunica (se adjunta carta) que "ante el nuevo trámite de información pública que se anuncia y la necesidad de redactar un nuevo Plan General, entendemos que ya no resultan procedentes nuevas gestiones por nuestra parte en la tramitación de este expediente de queja sin perjuicio de que si, en la tramitación del nuevo Plan General, observa alguna irregularidad, pueda volver a dirigirse a esta Institución a fin de estudiar la procedencia de nuevas gestiones por nuestra parte".

¿De donde saca el sr. Rodrí­guez que el Defensor del Pueblo avala la gestión urbaní­stica del Ayuntamiento? El Defensor del Pueblo queda a la espera del nuevo PGOU y, desgraciadamente, visto los derroteros que está tomando, tendrá que volver a intervenir de nuevo ante la absoluta falta de respeto del equipo de gobierno IP-PSOE a los valores naturales del municipio y a la legalidad vigente.

Ecologistas en Acción anuncia que si Rodrí­guez quiere demandarnos hará el mismo ridí­culo que ya hizo APEMSA, y que, en todo caso, deberá pagar los gastos de la querella de su bolsillo, y no despilfarrar el dinero público en perseguir a una entidad que ha demostrado decir siempre la verdad, incluso cuando denunciamos que el alcalde y el mismo concejal de urbanismo habí­a hecho obras ilegales en sus respectivas viviendas. ¡Y este señor pretene suceder a Hernán Dí­az en la alcaldí­a portuense! Lo que tiene que hacer Rodrí­guez es denunciarse a sí­ mismo por las obras ilegales que ha hecho y dimitir. Todos saldrí­amos ganando.