Entre las medidas presentadas -que se adjuntan- se debatieron con especial interés el papel de los convenios urbaní­sticos que, a juicio de Ecologistas en Acción, deben desaparecer; la prohibición de la venta de los suelos y aprovechamientos urbaní­sticos por parte de los Ayuntamientos; la posibilidad de ampliar la zona de servidumbre del Dominio Público Marí­timo Terrestre; poner lí­mites al crecimiento urbaní­stico o defender el modelo de ciudad mediterránea contra la proliferación de macrourbanizaciones desjadadas de los núcleos urbanos.

La Consejera se ha comprometido a estudiar estas propuestas y a abrir un marco de relación con Ecologistas en Acción para trabajar en el objetivo de frenar las ilegalidades urbaní­sticas y fomentar un desarrollo sostenible que preserve los recursos naturales de Andalucí­a, en particular el suelo, el agua y el paisaje.

Propuestas de Ecologistas en Acción contra la especulación y la corrupción urbaní­stica

La especulación urbaní­stica se está convirtiendo en el principal problema ambiental y social de Andalucí­a, ya que está destruyendo de forma irreversible nuestro recurso más preciado, el suelo, agravando otros problemas ambientales, como el aumento de la demanda del agua, el deterioro del paisaje..., y provocando un alarmante aumento de la corrupción.

Consideramos que el caso Marbella es sólo la punta del \\’iceberg\\’, habiéndose extendido este modelo en todo el litoral andaluz y amenazando a zonas del interior. Es por ello que hacemos llegar las presentes propuestas a la opinión pública y a las administraciones competentes para su estudio y debate, como aportación para que se adopten las medidas legales y polí­ticas que consigan paralizar esta vorágine urbaní­stica, que eviten nuevos casos de corrupción, que garanticen la conservación de nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales y que promuevan un desarrollo sostenible y equilibrado. Entendemos que es necesario un compromiso polí­tico, social e institucional para que estas medidas puedan ponerse en práctica y evitar así­ que el modelo Marbella se instaure de forma irreversible en Andalucí­a.

Medidas que propone Ecologistas en Acción:

1ª. Prohibición legal de los convenios urbaní­sticos, que son puras compraventas de recalificaciones urbaní­sticas.

2ª. Prohibición de venta de los aprovechamientos urbaní­sticos de los Ayuntamientos y de suelos públicos para usos que no sean equipamientos públicos o viviendas protegidas.

3ª. Prohibición de Modificaciones Puntuales que tengan por objeto reclasificar suelos no urbanizables a urbanizables, o recalificar suelos terciarios, industriales, de equipamientos, zonas verdes"¦ a usos residenciales.

4ª. Obligatoriedad de construcción de los equipamientos con carácter previo a los desarrollos inmobiliarios.

5ª. La protección de un suelo debe suponer la imposibilidad de su reclasificación como suelo urbanizable en un periodo mí­nimo de 50 años.

6ª. El crecimiento urbaní­stico de los pueblos y ciudades debe tener un lí­mite legal, en base a las necesidades de vivienda protegida y de equipamientos públicos. No permitir a ningún Ayuntamiento reclasificaciones y/o recalificaciones que supongan más de un 10% de aumento de viviendas y suelo urbano/urbanizable por cada década, con la única excepción de las necesidades de vivienda protegida.

7ª. Los crecimientos urbaní­sticos deben realizarse como ampliación de los actuales núcleos urbanos, manteniendo la tipologí­a de ciudad mediterránea. Prohibición de urbanizaciones segregadas de los núcleos urbanos.

8ª. Los informes de los organismos de cuenca sobre las disponibilidades de agua deben ser vinculantes a la hora de aprobarse los planes urbaní­sticos.

9ª. Moratoria de campos de golf. En Andalucí­a hay ya 100 campos de golf y se pretenden construir 300 más, lo que supondrí­a un consumo de agua equivalente a una población de 2 millones de personas.

10ª. Aumento de la Servidumbre de Protección del Dominio Público Marí­timo Terrestre de los 100 metros mí­nimos que prescribe la ley a los 500 metros, para blindar el frente litoral contra las presiones especulativas.

11ª. Mecanismos ágiles de retirada total o parcial de las competencias urbaní­sticas a los Ayuntamientos que cometan o permitan ilegalidades urbaní­sticas.

12ª. Exigencia de certificación de la legalidad de las inversiones antes de aprobar cualquier plan urbaní­stico o licencia de obras para impedir el blanqueo de dinero.

13ª. Obligatoriedad de realizar una declaración anual de bienes de los cargos electos y de libre designación de los Ayuntamientos, y de sus familiares directos, con acceso público.

14ª. Compromiso polí­tico de un pacto anticorrupción, que incluya la destitución inmediata de cualquier cargo electo o de libre designación, que esté imputado, procesado o condenado por la justicia.

15ª. Modificación legal para hacer responsable económico directo a los cargos públicos que aprueben planes u obras ilegales, y a los técnicos que las informen favorablemente. Exigir el pago de los gastos de su defensa a los cargos públicos que sean condenados.

16ª. Potenciación de las fiscalí­as anticorrupción y contra los delitos medioambientales y urbaní­sticos. Crear juzgados especializados en este tipo de delitos.

17ª. Facilitar el ejercicio de la acción pública a las asociaciones entre cuyos fines se encuentran la defensa de la legalidad, del territorio y/o del medio natural, así­ como la exigencia de responsabilidad a los miembros de dichos tribunales y fiscalí­as si hicieran dejación de las funciones encomendadas.

18ª. Garantizar la función de los Estudios de Impacto Ambiental de los Planes Urbaní­sticos mediante el desarrollo legislativo de los Criterios de Sostenibilidad Ambiental del Planeamiento Urbaní­stico.

19ª. Desarrollar Planes de Ordenación de Recursos Naturales y Planes Subregionales de Ordenación del Territorio a escala comarcal que blinden los suelos no urbanizables frente a las presiones localistas que se imponen en los planeamientos municipales.

20ª. Promoción de la participación pública en los procedimientos administrativos, facilitando el acceso a la información de las normas, planeamiento municipal y de todo tipo de proyectos de construcción, a través de Internet, así­ como de los informes técnicos y jurí­dicos que lo justifican, sumándonos así­ a la iniciativa planteada en su dí­a por el Defensor del Pueblo.