CC.OO. de Madrid quiere denunciar que el dictamen que el Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad de Madrid elaboró, consensuado por los sindicatos y la patronal madrileña, sobre el proyecto de ley de Evaluación Ambiental, que se debate en la Asamblea de Madrid, no ha sido tenido en cuenta por el gobierno regional.

El dictamen del principal órgano consultivo de la Comunidad de Madrid estableció cerca de sesenta recomendaciones, siendo uno de los proyectos normativos que más objeciones recibí­a por parte de este órgano.

Entre las principales consideraciones que establece el dictamen y acordadas unánimemente por los representantes en el Consejo de CC.OO., UGT, CEIM y los expertos, destacan por un lado, la gran discrecionalidad administrativa del proyecto de ley que permitirá que con criterios muy ambiguos la administración decida arbitrariamente si las actividades se someten o no a evaluación ambiental o a qué tipo de procedimiento de los contemplados. Por otro lado, está la complejidad de la norma para establecer varios procedimientos diferentes y la incoherencia a la hora de ubicar determinadas actividades susceptibles de ser evaluadas en uno u otro de los diversos procedimientos.

CC.OO. considera fundamental advertir de la necesidad de que la administración regional cuente con más recursos técnicos para hacer frente a la enorme cantidad de proyectos de actividades que cada año han de someterse a evaluación ambiental, o que si como contempla el proyecto de ley los ayuntamientos van a tener que asumir más competencias en la materia, esto deberí­a ir acompañado de los recursos suficientes para que estos puedan desarrollar su labor.

Para el responsable de Medio Ambiente de CC.OO. de Madrid y miembro de la comisión de Medio Ambiente del CES que elaboró el dictamen, Guillermo Dí­az, "la principal razón para incrementar tal arbitrariedad o el hecho de dar más competencias a los municipios, obedece sobre todo a que la consejerí­a de Medio Ambiente quiere quitarse en gran parte un muerto de encima, el de la evaluación ambiental de actividades, que se viene convirtiendo en un cuello de botella todos los años al no poder hacer frente a todos los expedientes y resolverlos en un plazo razonable, ya que se adolece del personal técnico suficiente para ello".

A juicio de CC.OO. de Madrid, con el proyecto de ley presentado se desaprovecha también una gran oportunidad para profundizar en la determinación de responsabilidades de los autores de los estudios de evaluación ambiental, ya sean personas fí­sicas o jurí­dicas.