La decisiíƒÂ³n sobre si se asegura la papelera se toma hoy en la empresa p탺blica-privada CESCE. Por ello decenas de activistas de la campaíƒÂ±a "í‚¿QuiíƒÂ©n debe a quiíƒÂ©n?", en la que participan Ecologistas en AcciíƒÂ³n, ODG, Cristianos de Base, RCADE, OMAL y OCSI, entre otros grupos, junto a sindicalistas de CGT del ComitíƒÂ© de Empresa de la CESCE, se han concentrado hoy ante la sede central de la CompaíƒÂ±íƒÂ­a en Madrid. En la concentraciíƒÂ³n se ha pedido que CESCE no asegure la operaciíƒÂ³n de ICO con ENCE en Uruguay.

Hay que recordar que la papelera que ENCE quiere instalar en el ríƒÂ­o Uruguay (que desemboca en Mar de Plata) tiene una fíƒÂ©rrea oposiciíƒÂ³n en ambas míƒ ¡rgenes del ríƒÂ­o (la argentina y la uruguaya) por los fortíƒÂ­simos impactos ambientales, econíƒÂ³micos y sociales que supone. El proyecto de ENCE y Botnia implica la construcciíƒÂ³n de la papelera míƒ ¡s grande del mundo. La planta de ENCE funcionaríƒ ¡ con la tecnologíƒÂ­a Kraft que supone una liberaciíƒÂ³n de diíƒÂ³xido de cloro al ríƒÂ­o fuertemente daíƒÂ±ina para la salud humana y el medio natural. Esta tecnologíƒÂ­a ya la usíƒÂ³ la misma empresa en Pontevedra, donde fue condenada por delito ecolíƒÂ³gico. La propia CAO (organismo fiscal del Banco Mundial) ya aseguríƒÂ³ que en el caso ENCE "los Procedimientos de EvaluaciíƒÂ³n Ambiental y Social no son los suficientemente rigurosos y fuertes". Todos estos impactos se detallan en el informe elaborado por la ONG argentina CEDHA [1] y por el Observatori del Deute en la GlobalitzaciíƒÂ³ (ODG) [2].

La oposiciíƒÂ³n social y el desastre ambiental que supone el proyecto ha motivado que el banco holandíƒÂ©s ING haya retirado el críƒÂ©dito que teníƒÂ­a pensado dar a la papelera Botnia para este mismo proyecto en Uruguay.

En teoríƒÂ­a CESCE tiene, entre sus principios, el respeto ambiental de los proyectos que asegura. Si asegura finalmente el críƒÂ©dito del ICO a ENCE estaríƒ ¡ incumpliendo flagrantemente dichos principios.

Ademíƒ ¡s hay que seíƒÂ±alar que una de las cosas que aseguraríƒÂ­a CESCE en la planta de ENCE es el desmantelamiento de la planta por causas políƒÂ­ticas. Es decir, que el Gobierno uruguayo decidiese cerrar la planta. Insistimos que en ese supuesto, nada improbable con la movilizaciíƒÂ³n que allíƒÂ­ se estíƒ ¡ produciendo contra la celulosa, CESCE pagaríƒÂ­a a ICO -es decir al Gobierno espaíƒÂ±ol- los 300 millones prestados míƒ ¡s el 7% de intereses que ha dado a ENCE. Pero, posteriormente, el 탺ltimo responsable de dichos gastos seríƒÂ­a el Gobierno uruguayo, que tendríƒÂ­a que pagar a CESCE. Es decir, que la inversiíƒÂ³n privada de una empresa espaíƒÂ±ola acabaríƒÂ­a engrosando la deuda externa p탺blica de Uruguay.

Por informaciíƒÂ³n interna de CESCE a la que hemos tenido acceso nos consta que en la compaíƒÂ±íƒÂ­a estíƒ ¡n preocupados por la presiíƒÂ³n a la que se estíƒ ¡n viendo sometidos por los movimientos sociales espaíƒÂ±oles, argentinos y uruguayos. Pero, por otro lado, tambiíƒÂ©n estíƒ ¡n recibiendo presiones por parte del Gobierno espaíƒÂ±ol para asegurar la operaciíƒÂ³n de ENCE. Nos cuesta entender quíƒÂ© intereses puede tener el Gobierno para dicha presiíƒÂ³n, míƒ ¡xime en un momento en el que hay una moratoria en la construcciíƒÂ³n de la planta acordada entre los Gobiernos argentino y uruguayo. Moratoria que, por cierto, no se estíƒ ¡ cumpliendo.

Todo ello se enlaza ademíƒ ¡s con la príƒÂ³xima tramitaciíƒÂ³n de la Ley de Responsabilidad Ambiental por parte del Gobierno espaíƒÂ±ol. En esta ley no se recogen las acciones de las empresas espaíƒÂ±olas en el extranjero, lo cual consideramos que es una profunda laguna, como se pude extraer del caso de ENCE en Uruguay.

Por 탺ltimo, es importante subrayar que este caso evidencia una vez míƒ ¡s, en el marco de las actuales negociaciones en el Parlamento espaíƒÂ±ol sobre la Ley Reguladora del Tratamiento de la Deuda Externa, la profunda necesidad de redefinir los mecanismos de apoyo a la inversiíƒÂ³n espaíƒÂ±ola como CESCE o los críƒÂ©ditos FAD, que no llevan sino a una continua generaciíƒÂ³n de deuda externa, sin estudios previos ni control parlamentario de los impactos socio-econíƒÂ³micos y ambientales.