El Secretario General del Comité de Empresa de los Trabajadores de ANDINATEL, Geovanny Cabrera Rendón, fue amenazado de muerte el pasado 7 de abril. Cabrera denunció el hecho durante la Sesión Solemne por el Octavo Aniversario de su organización sindical, ante sus colegas y directivos de la Empresa. Posteriormente el dirigente declaró a nuestra Agencia que fue amenazado telefónicamente por una voz cuya dicción parecí­a colombiana

Geovanny Cabrera, Lenin Garrido, César Hualpa y Gabriel Erazo, todos con más de 20 años de exitosas carreras dentro de la empresa fueron despedidos por el Directorio acusados de agitadores y desestabilizadores. En los dí­as posteriores a su despido, los 4 funcionarios denunciaron públicamente las amenazas que ellos y sus familias recibieron, no sólo a través de llamadas telefónicas, sino de persecuciones con carros de vidrios polarizados. El amedrentamiento cesó por dos meses, pero el pasado 7 de abril se reinició ya con serias advertencias sobre la integridad fí­sica de Geovanny Cabrera.

El dirigente sindical, junto a 4 compañeros de la directiva de los trabajadores de la Telefónica estatal ANDINATEL, fue despedido de la empresa el pasado 2 de febrero por su oposición a la venta de la fibra óptica, a la entrega en alquiler del cobre y a la entrega del derecho de comunicación a la empresa privada, tomando en cuenta que el perfil empresarial de ANDINATEL SA no es la venta de su infraestructura sino los multiservicios (voz, datos e imágenes "“mutimedia) que se ofertan a través de ella.

Aducen los dirigentes sindicales, que se mantienen al frente de su organización y que no han aceptado las jugosas liquidaciones de la patronal exigiendo su reingreso a sus puestos de trabajo que, mientras el diseño, la construcción e instalación de la infraestructura de la fibra óptica, tiene un costo para ANDINATEL, vale decir al paí­s, de aproximadamente 47 millones de dólares, cantidad a la que hay que sumar los costos por instalación, operación y mantenimiento, las empresas privadas pretenden, con una inversión de apenas 2 o 3 millones de dólares, beneficiarse de esta reserva estratégica de capacidad instalada de propiedad del Ecuador y absorber, en una desleal competencia, el negocio actual y proyectado de ANDINATEL S.A.

A través de las sucesivas administraciones de ANDINATEL, -solamente en este gobierno se tiene ya 9 presidentes ejecutivos-, poderosos grupos económicos han puesto sus ojos ahora en la estatal serrana, después de haber destruido a PACIFICTEL, regional de la Costa, a la que convirtieron en un botí­n polí­tiquero en el que todos se repartieron los frutos del atraco. Defender entonces los intereses del Patrimonio del Ecuador ante poderosos grupos económicos que han puesto sus ojos sobre el sector de las telecomunicaciones, fue el motivo por el cual fueron despedidos de sus puestos de trabajo.

Vale la pena recordar que ANDINATEL es la empresa estatal que mayores aportes entrega al Fondo de Solidaridad por su eficiente, y hasta ahora, despolitizada gestión.

Por el bien del paí­s, es de esperar que el gobierno transitorio del Presidente Palacio retire sus manos de este patrimonio de los ecuatorianos. Defenderla, se convierte ahora, en un deber de todos y todas los ecuatorianos y las ecuatorianas.