Según informaciones de la ONG Justicia Global, ella destacó que a pesar de las iniciativas gubernamentales y los esfuerzos de una sociedad civil activa y experimentada, -persisten graves preocupaciones en relación con los defensores de derechos humanos, a causa por un lado de la gran laguna existente entre la declaración de polí­ticas y su implementación-, y también por la falta de investigación de las violaciones contra los defensores.

El informe enfatiza la preocupación de la Representante por la criminalización de los defensores de derechos humanos y de los movimientos sociales, destacando que éstos han sido sistemáticamente perseguidos y procesados injustamente por agentes del Estado y por grupos que representan intereses económicos. Hina Jilani recomienda que la Secretarí­a Especial de Derechos Humanos y el Ministerio Público Federal realicen esfuerzos conjuntos para recoger y analizar los casos presentados contra defensores de derechos humanos a fin de proponer legislación y directrices de polí­ticas para impedir el creciente proceso de criminalización y el cercenamiento de sus actividades en defensa de los derechos humanos.

Otro destaque del informe es la violencia policial. Hina Jilani recomienda al gobierno brasileño una revisión de los mecanismos existentes para el monitoreo y prestación de cuentas del aparato de seguridad del Estado, en particular y de la policí­a militar. De acuerdo con la Representante Especial, existe una falta de confianza general en la competencia, vigilancia e independencia de los mecanismos existentes.

Para la representante, a pesar de las iniciativas gubernamentales y los esfuerzos de una sociedad civil activa y experimentada, persisten graves preocupaciones en relación con los defensores de derechos humanos, a causa por un lado de la gran laguna existente entre la declaración de polí­ticas y su implementación, y por el otro de la creación de mecanismos y de la eficacia de esos mecanismos.

Es de grave preocupación también los daños que incidentes de violencia y amenazas causaron en la seguridad de los defensores de derechos humanos, muchos de los cuales tuvieron de huir de sus casas y vivir lejos de sus familias durante mucho tiempo. Tal situación perpetúa un clima de sospecha y de falta de confianza en los mecanismos existentes y en las iniciativas en derechos humanos.

La Representante Especial observa con la más grave preocupación los numerosos relatos de asesinatos y tentativas de asesinato de defensores de derechos humanos en Brasil. En este contexto el incontable número de amenazas que los defensores enfrentan y el persistente y alto nivel de impunidad por tales crí­menes da como resultado un clima en el cual los defensores temen por sus vidas y las de sus parientes. En algunos casos, ella se encontró con defensores que tuvieron que dejar sus casas y familias y abandonar su trabajo y esconderse para garantizar su propia seguridad.

La Representante Especial observa que gran parte de la violencia contra defensores está enraizada en los conflictos por la tierra y por la protección del medio ambiente y esa violencia es cometida por poderosos individuos privados, que en ciertas instancias, se habrí­an beneficiado de la connivencia de autoridades estatales y locales. Ella percibe, además, que los asesinatos y las amenazas contra defensores ocurren también en numerosas ciudades a través de las manos de los llamados -grupos de exterminio-, que tendrí­an relaciones con ciertos elementos de las fuerzas de seguridad.

Hina Jilani quedó perturbada por los relatos que indican que cuando los activistas de derechos humanos se organizan, son acusados de formar bandas para delinquir y cuando se movilizan en acciones colectivas para protestar contra violaciones de derechos humanos, son acusados de causar desorden público. Mientras tanto ella no descuenta alegaciones realizadas por algunos gobiernos de que la acción colectiva puede haber sido acompañada de violencia en algunas instancias, pero también observa con gran preocupación que la acción colectiva realizada sin violencia por la defensa de los derechos humanos es frecuentemente recibida con un uso desproporcionado de fuerza.

Ella está especialmente preocupada por el uso de armas -no letales-, tales como balas de goma, por las fuerzas de seguridad en sus operaciones durante tales eventos. Al responder a sus preguntas, las autoridades en algunos estados no la satisficieron en relación con los procedimientos que regulan decisiones y monitorean tal uso. También toma nota de las serias alegaciones de violencia contra defensores y de abuso de poder por parte de las Policí­as Militares estatales. Ella estima que la Policí­a Federal y otros mecanismos de administración de la justicia cuentan con un grado de confianza relativamente mayor entre la población.

Ella cree que más uniformidad de compromiso y esfuerzos complementarios para implementar polí­ticas de derechos humanos por los gobiernos estatales y federal podrí­an mitigar muchas de esas preocupaciones. Percibe la necesidad urgente de ajustes crí­ticos en el papel del poder judicial para que las polí­ticas sociales del Estado, previstas en la Constitución, tengan mayor seguridad de implementación práctica. En este contexto ella sugiere interpretaciones constitucionales y acciones judiciales que garanticen no sólo igual respeto por los derechos económicos, sociales y culturales, sino también la remoción de cualquier conflicto superficial en relación con la implementación de los diversos derechos garantizados por la Constitución.

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com