El gobierno del Estado Español, una vez logrado que el Reino de Marruecos asuma el aplicado papel represor sin control, tanto en su territorio como en los usurpados al pueblo saharaui, de los ciudadanos africanos que trataban de llegar a la pení­nsula y a la Islas Canarias, se ha dispuesto con premura a convencer al gobierno de Mauritania, para que acepte la tarea siniestra de expulsar a los inmigrantes llegados a Canarias desde territorio de Mauritania.

Siguiendo la táctica concertado con Marruecos, y una vez establecido despiadado tratamiento del drama de los inmigrantes sin papeles que, desde Marruecos y el Sahara, lograban llegar a la Pení­nsula y a Canarias, el gobierno español se ha apresurado a concretar, con el gobierno mauritano las mismas tácticas de represión y solución inhumanas desplegadas por el reino de Maruecos.

Así­ el gobierno español asumiendo el papel de Gran Policí­a de Fronteras, Gran Constructor de Muros, Vallas y Barreras, dispensador de dineros y exportador de Militares, Policí­as, Guardias Civiles, Patrulleras Armadas y como constructor acelerado de Campos Concentración, ha concertado con el Gobierno mauritano una siniestra polí­tica represiva tendente a evitar que los inmigrantes africanos salgan desde las costas mauritanas, y a lograr la devolución a Mauritania de los que llegan a Canarias, para que después sean expulsados, desde Mauritania, a las zonas fronterizas con otros paí­ses africanos.

Una vez blindado el territorio de Marruecos, y el usurpado al pueblo saharaui, los flujos de la desesperada inmigración de africanos, se han visto obligados a trasladarse a territorio mauritano, para desde el mismo tratar de llegar a Canarias. Evidentemente el riesgo de naufragio y muerte se multiplica, para quienes intentan tan arriesgada travesí­a marí­tima.

Pero nada de ello importa al gobierno del Estado Español, hasta el punto de que cuando los miles de muertos, en el intento de llegar a Canarias desde Mauritania no pueden ocultarse y su dramática realidad es conocida por la opinión pública, la hipocresí­a del lamento y consternación, por el dramático resultado de las polí­ticas de blindaje del Estrecho, de Marruecos y de los territorios saharauis, se despliega desde las altas instancias de la Moncloa. Desde luego comenzando por la Vicepresidenta del Gobierno, que con el florido cinismo que la caracteriza, empieza a proclamar que estamos en presencia de un drama humanitario ajeno a Europa y atribuible solo a la desesperación y como no, a las "mafias".

El coro se incrementa con la incorporación al mismo de la Sra. Rumí­ y de los nuevos colaboradores de las estrategias represivas, representados por el aplicado gendarme D. Antonio Camacho, un fiscal reconvertido sin complejos en sirviente del ejercicio. Todo ello bajo la mirada atenta, y complaciente, eso si desde la sombra, de José Antonio Alonso, cuando ha sido Ministro del Interior y de la represión de inmigrantes y aplicado estadista policial previo ejercicio como juez. Olvidando las declaraciones del otoño del 2005 donde el gobierno de José Luis Rodrí­guez Zapatero se pronunció en contra del establecimiento de campos para extranjeros fuera del territorio de la Unión Europea, se recurre sin pudor a la subcontratación de la represión y el control de la población inmigrante, deslocalizando los campos de concentración hacia paí­ses en los que la preocupación por el respeto de los Derechos Humanos es inexistente. Se entrega a las personas expulsadas para el internamiento en auténticos campos de concentración, que carecen de ningún tipo de estatuto jurí­dico y en los que no está establecida la duración de la estancia.
De este modo, y cuando ya fueron miles los africanos que lograron llegar a las Islas Canarias, se comenzó una sistemática polí­tica de privación de libertad de los llegados, encerrándoles en cuarteles abandonados, reconvertidos a toda prisa en auténticas prisiones, a las que se les siguió llamando cí­nicamente Centros de Internamiento. Todo ello con la finalidad de repatriar al mayor número posible a Senegal y Malí­, una vez devueltos a Mauritania.

Para ello, lo primero fue convencer al gobierno de Mauritania de que aceptase el papel de eficiente verdugo y de nuevo la táctica del reparto de dineros, ofrecimiento de policí­as y guardias civiles, regalo o préstamo de patrulleras armadas, enví­o de militares para construcción de campos de concentración, que fue desplegada por la comitiva gubernamental española desembarcada en Mauritania.

En pocos dí­as el glorioso Cuerpo de Ingenieros del Ejército (enviado a Nouí¢dhibou-Mauritania), ya habí­a convertido terrenos de una abandonada escuela en un europeí­simo campo de concentración a pleno sol, con grandes tiendas de campaña y carente de las mí­nimas condiciones posibilitantes de un trato humanitario. Igualmente y con eficaz premura, patrulleras, policí­as y guardias civiles, comenzaron las tareas de represión y vigilancia, junto con sus menesterosos colegas mauritanos.

A su vez, las autoridades mauritanas se han aplicado en elevar los muros del campo de concentración y coronarlos con alambradas tipo concertinas. Terminada tan humanitaria obra, ya han comenzado a llegar a Mauritania los inmigrantes devueltos desde Canarias.

Los inmigrantes son trasladados en aviones y tratados como delincuentes, son vigilados por los aguerridos agentes de las Unidades de Intervención Rápidas (los antidisturbios) asesorados por los expeditivos agentes de la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones. En el C.E.D.E.H.U. desconocemos las prácticas policiales que en las Islas Canarias se están desplegando para poder sostener que inmigrantes son de Malí­ o Senegal, pero las pocas noticias apuntan que se está engañando a los inmigrantes convenciéndoles de que se les va a trasladar a la pení­nsula, para así­ lograr que revelen el paí­s de su procedencia.

Una vez llegados a Mauritania, las aplicadas autoridades y agentes policiales impiden a los cooperantes de organizaciones humanitarias el contacto y asistencia a los inmigrantes encerrados en el campo de concentración. De este modo se cierra un cí­rculo de represión y mal trato, que culmina con transportes semiclandestinos a las zonas fronterizas con Mauritania, para así­ devolverlos a los que se pretende que son sus paí­ses de origen. Logrado el objetivo, los nuevos y benéficos aparatos del Gobierno Español, proclaman con afectado disimulo que han cumplido la legalidad vigente.

Una vez más la universalidad de los Derechos Humanos ha sido pisoteada, mientras la retórica de la hipocresí­a y la represión se impone sin contemplaciones.