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Perú: Derechos humanos: desafío para vencedor
Recibida de ADITAL el 07-04-2006 a las 10:04

En el próximo domingo, 09, más de 16 millones de peruanos irán a las urnas elegir sus gobernantes: el Presidente, dos Vicepresidentes, 120 congresistas, cinco parlamentarios andinos y, además, 10 parlamentarios suplentes.

La ventaja en la disputa presidencial está con el teniente coronel en retiro, Ollanta Humala, del Partido Unión por el Perú con 31 por ciento de las intenciones de votos. Sus concurrentes más cercanos son Alan Garcí­a del Partido Aprista Peruano y Lourdes Flores por la Unidad Nacional. Pero 20 organizaciones presentaron lista presidencial, y al Congreso, y 3 sólo al Parlamento.

Mientras Ollanta se define como un candidato ni de derecha ni de izquierda, pero un nacionalista. Sus adversarios tienen clara tendencia a la derecha. La abogada Lourdes Flores, que en las últimas encuestas de opinión divulgadas en Perú tení­a 27 por ciento de la preferencia dos peruanos, quedando con la segunda colocación, es apuntada por expertos como representante de los sectores privilegiados del Perú. Además de ser adepta de las propuestas neoliberales.

La encuesta fue realizada, por la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre los dí­as 24 y 25 de marzo con 1.945 peruanos, el margen de error es de 2,2 por ciento para más o para menos. En territorio peruano las encuestas sólo podrí­an ser divulgadas hasta el último 2 de abril. Si las urnas confirmaren las encuestas, habrá segunda vuelta en Perú (puesto que ningún candidato alcanzarí­a 50% de los votos). Según la legislación electoral del paí­s, esa deberá ser realizada 30 dí­as después del anuncio oficial del resultado de la primera vuelta.

Tercero colocado en las encuestas, el ex presidente Alan Garcí­a (1985-1990) obtuvo 20 por ciento de las intenciones de voto, pero tiene en su contra un mandato presidencial que se encerró tras una severa crisis económica. Con varias acusaciones de corrupción y crimines. En 1991, fue acusado por el Parlamento por diversos delitos, entre ellos enriquecimiento ilí­cito. Durante su gobierno cerca de 10 mil personas murieron a causa de la polí­tica contrainsurgente del gobierno aprista. Y 12 millones de peruanos hundidos en la extrema pobreza.

Disminuir la pobreza y acabar con la corrupción en Perú serán las misiones más difí­ciles del electo que ocupará el cargo máximo del paí­s en 28 de julio, dí­a de la Independencia de Perú. Según informaciones de la prensa peruana, la mala distribución de la riqueza ocasiona un 53% pobreza, un de 44% desempleo y subempleo, y un 25% de analfabetismo. La corrupción, según el Contralor General de la República peruano demostró en un informe, es responsable por el 15% del Presupuesto Nacional se pierde por actos deshonestos corrupción.

Si Ollanta lograr éxito en las elecciones, el 80% de la población peruana actual que es chola, mestiza, de origen andino-amazónica podrá tener un presidente que se dice próximo a ellos y que posee la convicción de que América Latina necesita un avanzo por la educación, la salud y el desarrollo económico-social de los pueblos.

Ollanta Humala, que en 2000, con el grado de teniente coronel, protagonizó una sublevación en el departamento de Tacna contra la reelección del entonces presidente Alberto Fujimori, desagrada a la elite peruana. Sus opiniones en contra o sistema de libre mercado y a favor del discurso nacionalista, de las riquezas nacionales y de los derechos sociales y laborales son repudiadas pelas elites de minerí­a y de las finanzas.

Otro tema importante en Perú son los derechos humanos (DD.HH.). La organización de DD.HH., Amnistí­a Internacional (AI) en Carta abierta a los candidatos a la Presidencia de Perú os pidió a dar la máxima prioridad en su plan de gobierno a la protección y promoción de los derechos y libertades fundamentales, puesto que -considera que el Perú está viviendo un momento de gran importancia tras veinte años (de 1980 a 2000) de severa crisis del Estado de Derecho, en los que se cometieron graves violaciones de derechos humanos, que afectaron especialmente a los más vulnerables-.

Según la Carta, la violencia ejercida por grupos armados de oposición y por agentes del Estado durante esos veinte años afectó principalmente a los sectores de la población más desprotegidos: personas de comunidades indí­genas o campesinas, en su mayorí­a quchua hablantes, con escasos recursos económicos y niveles de educación por debajo de la media del paí­s. Para AI, -este proceso de violencia puso de manifiesto tanto las brechas socioeconómicas, y la gravedad de las desigualdades de í­ndole étnico-cultural, como la discriminación de género, que aún prevalecen en el paí­s.-

AI dijo que para avanzar en los DD.HH. Perú tiene que: combatir y erradicar la discriminación; promover los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; proteger la labor de los defensores de derechos humanos; garantizar el acceso a un sistema de justicia independiente e imparcial; garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las ví­ctimas de violaciones de los derechos humanos; garantizar el derecho a la integridad fí­sica y cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos.




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