– El sur de Chile atraviesa, durante la última década, una situación de agudo conflicto social. Esta situación se encuentra directamente relacionada con la falta de atención del Estado respecto de los impactos del modelo económico fundamentalmente exportador sobre los derechos, las tierras y la sustentabilidad territorial de los pueblos indí­genas, lo que reactiva los antiguos reclamos del pueblo mapuche para defender sus tierras y territorios tradicionales.-, expresa el informe.

En la lucha para reivindicar el derecho sobre sus tierras, los mapuches realizaron innumerables manifestaciones sociales, intensificadas debido a las insuficiencias estructurales de las polí­ticas oficiales de devolución de tierras y el avance y consolidación de la economí­a forestal de exportación, con enormes repercusiones en la vida de las comunidades del sur de Chile.

Entre 2001 y 2004, en tres casos de protestas que fueron a parar a la Justicia (el caso de los Longko Pichún y Norí­n; el caso Ancalaf y el caso Poluco Pidenco), el Estado chileno apeló a la Ley Anti-Terrorista para calificarlos. Las penas que le fueron impuestas a los infractores fueron mucho mayores que si hubiesen sido juzgados por la legislación penal ordinaria.

Según el informe: -la polí­tica penal en relación con la protesta social mapuche, y en especial, con la transformación de esta polí­tica durante los últimos años para la aplicación de legislación penal especial, como la legislación anti-terrorista, han generado una creciente preocupación por parte de órganos y organizaciones internacionales de derechos humanos-.

Para los autores del informe, el sistema jurí­dico e institucional chileno relativo a los derechos indí­genas es obsoleto. Hay limitaciones en la última reforma constitucional y el paí­s ha postergado la ratificación del Convenio nº 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), Convenio sobre Pueblos Indí­genas y Tribales de la OIT, de 1989, y espera que se alcancen cambios concretos con transformaciones profundas en el ordenamiento jurí­dico y en el actual modelo de Estado.

Entre las recomendaciones del informe para el Estado chileno se hallan: ratificar de manera inmediata el Convenio nº 169 de la OIT (el convenio ya fue votado por la Cámara y aprobado por el Tribunal Constitucional, pero todaví­a precisa ser ratificado en el Senado); y tomar las medidas necesarias para que los principios y normas establecidos en la Convención Internacional para la Eliminación de Todas as Formas de Discriminación Racial.

Además, implementar las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos y Libertades Fundamentales de los Indí­genas, en especial, la revisión de la legislación sectorial, cuyo contenido pueda entrar en contradicción con lo dispuesto en la Ley Indí­gena y realizar una reforma constitucional que establezca el carácter pluriétnico de Chile, y que se reconozca la preexistencia de los derechos de los pueblos indí­genas, ya establecidos en el derecho internacional humanitario.

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com