En la reunión de la Cumbre Social de Barcelona, celebrada en la tarde de ayer y en la que participaron Gabaglio, Fidalgo, Méndez y Elorrieta por la CES, las patronales UNICE y CEEP, Aznar y Aparicio y, el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi y Anna Diamantopoulou, Comisaria europea de Trabajo y Asuntos Sociales, la CES planteó que habí­a que relanzar las medidas polí­ticas concretas de la estrategia de Lisboa que hací­an referencia al pleno empleo y al fomento de la cohesión social europea y, para ello era necesario coordinar las polí­ticas económicas para relanzar la economí­a que vive una etapa de disminución del crecimiento.

Para la CES, la liberación e integración de los sectores de energí­a, transporte y comunicación etc, no puede suponer pasar de monopolio público al oligopolio privado por lo que serí­a necesario una directiva marco europea sobre los servicios públicos y económicos de interés general y al mismo tiempo, establecer un marco europeo normativo y contractual para la reestructuración de las empresas frente a la necesidad de renovar y producir cambios en las mismas.

La CES considera que la flexibilidad laboral necesaria pasa por que sea negociada, no sea sinónimo de despidos y precariedad y se basa en un esfuerzo muy superior en educación, formación de trabajadores, inversión en I+D y mejora de la organización del trabajo negociado con los sindicatos.

Frente a estas propuestas de la CES, la patronal UNICE, se mostró contraria a las nuevas normativas europeas sobre servicios de interés general y reestructuración de empresas, haciendo una vaga referencia a la negociación colectiva en cada paí­s. Por su parte, la patronal de las empresas públicas CEEP, aprueba la directiva marco de servicios de interés general.

Los responsables del Consejo y la Comisión europea se comprometieron a aplicar la agenda social europea aunque no se pronunciaron sobre la directiva de servicios públicos y, en cuanto a la reestructuración de empresas, sin aceptar la propuesta de la CES, se comprometieron a abrir un debate con los agentes sociales los agentes sociales . Por último, ante la falta de acuerdo entre UNICE y CES sobre ETT, la Comisión deberá utilizar el derecho de iniciativa.

Para que el Consejo de Barcelona signifique el relanzamiento de la estrategia de Lisboa del pleno empleo en 2010, Aznar consideró que debe hacerse conservando lo esencial del movimiento social europeo e hizo hincapié en la necesidad de liberalizar los sectores, energéticos, transporte y comunicaciones etc.., para ello se reafirmó en que era necesario el diálogo social y en el plano europeo un informe anual sobre los avances en los objetivos de Lisboa, a través de la negociación y, en este sentido planteó necesidad de la presentación el próximo mes de diciembre de un programa plurianual acordado entre UNICE, CEEP y CES, para que las conclusiones sean aprobadas y tomadas en consideración por el Consejo y la Comisión europea.