ENLACE señala que, según datos recabados por organizaciones de defensa de los derechos humanos, durante 2004 en el Estado español un total de 755 personas denunciaron haber sufrido torturas y/o malos tratos cuando estaban bajo custodia de funcionarios públicos y fuerzas de seguridad del Estado.

ENLACE señala que este Protocolo permitirá visitar sin previo aviso cualquier centro de detención y privación de libertad, teniendo acceso a todas las dependencias, así­ como mantener entrevistas reservadas y sin testigos con cualquier persona seleccionada. -Esperamos que los mecanismos de control y seguimiento previstos se pongan en marcha lo antes posible-.

En concreto, la Federación Andaluza demanda -el impulso del Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU, responsable de estas visitas sin restricciones, así­ como que los Estados cumplan su obligación de poner en marcha y dotar de medios a Comités creados en cada paí­s que se coordinarán con Naciones Unidas-.

En particular, ENLACE apoya la iniciativa de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, que aglutina a organizaciones de la sociedad civil de todo el Estado español, siguiendo las recomendaciones del Relator de la ONU sobre la tortura de crear un espacio público para plantear y debatir las fórmulas para prevenir
estos actos degradantes.

ENLACE demanda que, además de ratificar este Protocolo e impulsar oficialmente el Comité estatal para la Prevención de la Tortura, el Gobierno español aplique las recomendaciones del Informe del Relator de la ONU sobre la Tortura de 2004, entre ellas, la supresión de la incomunicación y el aislamiento, la investigación con prontitud y eficacia de las denuncias e informes de torturas y malos tratos, la elaboración de un plan general para impedir y suprimir la tortura, la reparación a las ví­ctimas de tortura.

La Federación Andaluza recuerda que el Protocolo Facultativo contra la Tortura de la ONU, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2002, necesita ser ratificado por un mí­nimo de 20 Estados para entrar en vigor, por lo que reclama que "además de los 18 Estados que ya lo han hecho, más Gobiernos se comprometan con la defensa de los Derechos Humanos y ratifiquen este instrumento de prevención de la tortura".