La exención de Evaluación de Impacto Ambiental para estas obras es contraria a la normativa europea como vienen denunciando hace meses los vecinos y pone en peligro la salud de miles de familias madrileñas así­ como sustrae el derecho ciudadano a la información y la participación en las decisiones que le afectan.

El Ayuntamiento miente cuando afirma que las obras se realizan conforme a la legalidad: los responsables municipales ya sabí­an desde el inicio de las obras que estaban incumpliendo la normativa europea ya que, en el año 2002, Alberto Ruiz Gallardón (entonces presidente de la Comunidad de Madrid) recibió un dictamen motivado de la Comisión Europea por el mismo motivo con motivo de la "operación Chamartí­n" (eximir de EIA una obra por el hecho de estar en zona urbana). Esta vulneración consciente de la normativa europea se ha producido con la complicidad de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Medio Ambiente que conocí­an estos hechos.

Los vecinos recuerdan que las obras de la M30 en el Nudo Sur no sólo son ilegales sino que contemplan actuaciones que atentan muy gravemente contra la salud y la calidad del entorno urbano: la construcción de una chimenea en el parque Tierno Galván para evacuar masivamente los contaminantes de más de 80.000 vehí­culos diarios, el desvió del tráfico de autocares de la Estación Sur de Autobuses (1500 diarios) a través de una zona residencial y la canalización de decenas de miles de coches más en las calles Embajadores y Avda. del Planetario :todo ello localizado en un área de tan sólo 500 metros de diámetro. Además, los trabajos del bypass sur ponen en alto riesgo la seguridad de las viviendas situadas sobre su trazado (ya se han producido grietas con los trabajos previos del túnel).

La Plataforma recuerda que esto es sólo es el principio: la Comisión Europea tiene otras denuncias abiertas relacionadas con las obras de la M30 (2005/4483), una delegación del Parlamento Europeo investigará "in situ" las obras en breve plazo, es de esperar una pronta sentencia del Tribunal de Justicia Europeo por el precedente de la "Operación Chamartí­n" y existen varios procesos abiertos administrativos y penales en España (entre ellos, la denuncia por delitos contra la salud pública interpuesta en el Juzgado nº 50 de Madrid por esta Plataforma), entre otros.

Por ello, el Ayuntamiento debe rectificar y escuchar las legí­timas reclamaciones vecinales, avaladas por más de 13.000 firmas y un año de movilizaciones, planteando a los vecinos alternativas que eviten daños irreparables a la salud, el medio ambiente y la seguridad de las viviendas.

La Plataforma continúa sus acciones y, como estaba previsto, los vecinos de Legazpi acudirán hoy masivamente al Pleno de la Junta de Distrito de Arganzuela (Paseo de la Chopera 10, a partir de las 18 horas) para exigir a los responsables polí­ticos que cumplan con su deber de defender los intereses de todos los vecinos del distrito y dejen de servir intereses polí­ticos en perjuicio de la salud, la seguridad y el entorno de todo un barrio.