Marbella es sólo el ejemplo más llamativo de un modelo que se ha implantado en todo el litoral andaluz, y que se extiende de forma imparable hacia el interior. Los Ayuntamientos se han convertido en meros intermediarios de las empresas constructoras e inmobiliarias, que deciden cómo y cuando se recalifican los terrenos, a cambio de pagos legales "“los famosos convenios urbaní­sticos-, o ilegales, la pura y simple corrupción. Las ciudades no se planifican en función del interés general, con el objetivo de dotar de viviendas dignas y asequibles y de equipamientos a todos los ciudadanos como mandata la constitución, sino que se planifica en función de proyectos inmobiliarios y por mandato de los especuladores urbaní­sticos. De esta situación son tan responsables los Ayuntamientos como la Junta de Andalucí­a, unos por ser los promotores de este modelo especulativo que fomenta la corrupción, la Junta por permitirlo y por aprobar planes urbaní­sticos faraónicos que están destruyendo de forma irreversible nuestros recursos naturales: suelo, paisaje y agua, hipotecando nuestro futuro.

El caso Marbella ha demostrado la permisividad polí­tica y social que ha existido con la especulación y la corrupción urbaní­stica. Hay que introducir cambios en la polí­tica urbaní­stica y en la legislación para que no haya más Marbellas. Los Ayuntamientos no pueden seguir invocando a la autonomí­a municipal para cometer más desafueros y seguir destruyendo nuestro territorio. Las leyes deben permitir, con agilidad y contundencia, la intervención de la Junta de Andalucí­a y los tribunales para paralizar promociones ilegales e intervenir en la administración local, retirándoles sus competencias cuando se usan para fines ilí­citos.

Es necesario una moratoria en el litoral que permita planificar nuestras pueblos y ciudades con criterios de sostenibilidad, dando prioridad a la construcción de vivienda de protección oficial que facilite el acceso a una vivienda digna a todos los ciudadanos, y a un turismo de alojamiento que es el que más empleo y actividad económica genera. Nuestro litoral es uno de nuestros recursos más preciados, no podemos seguir con su destrucción.