Un grupo de ONGs defiende la conveniencia de incluir cláusulas atenuatorias para evitar incriminar del mismo modo el tráfico profesional de drogas con el ocasional y meramente funcional de los drogodependientes
Las asociaciones sin ánimo de lucro consideran que la prisión es una respuesta inútil en muchas ocasiones para las personas con problemas de drogodependencia

Ante la reforma de algunos aspectos del Código penal, un grupo de ONGs, entre las que se encuentran UNAD (Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente, Cáritas Española, la Asociación Pro-Derechos Humanos de España y la Asociación Apoyo, considera que es preciso reconsidera la cuantí­a de penas asociadas a determinados delitos relacionados con la salud pública. Estas ONGs consideran a todas luces excesiva la cuantí­a de esas penas para muchos delitos, especialmente para los más irrelevantes cometidos por drogodependientes. Las asociaciones sin ánimo de lucro recuerdan que el propio Tribunal Supremo ha expresado la necesidad de proporcionar más las penas.
El actual Código Penal da un tratamiento monolí­tico al tráfico de drogas, sin tener en cuenta que en un gran número de ocasiones se trata de delitos de pequeña escala más relacionados con el autoconsumo que con el tráfico profesional de drogas o narcotráfico.

Por otra parte, las asociaciones sin ánimo de lucro defienden la conveniencia de incluir en la reforma del Código penal de una cláusula atenuantoria (como existe ya en delitos graves como el robo con armas o las lesiones) que permitan al juez proporcionar más adecuadamente la pena a la entidad social del delito (p.e. una papelina de 800 pesetas trapicheada entre adictos hoy está inexorablemente penada de 3 a 9 años "“mí­nimo de 6 años si concurre reincidencia: menos que lo que "cae" por traer dos toneladas de hachí­s p.e.). De este modo, y al margen de que se proporcione mejor la "notoria importancia", se pretende evitar incriminar del mismo modo el tráfico habitual profesionalizado de drogas con el ocasional de los drogodependientes. Las ONGs consideran que la sociedad, los ciudadanos, no reclaman ese grado de dureza para este tipo de comportamientos que, al tener menor antijuridicidad, deben tener menor penalidad..

Finalmente, las asociaciones consideran que la prisión supone una respuesta inútil en muchas ocasiones para los drogodependientes, además de ser cara. Para propiciar alternativas a la cárcel es preciso ampliar los estrechos márgenes del actual Código penal para las llamadas suspensiones y sustituciones. En concreto, es preciso ampliar el lí­mite de tres años de la suspensión para drogodependientes hasta los cinco, en lí­nea con la filosofí­a rehabilitadora de que se ha hecho eco reiteradamente el Tribunal Supremo.