Marbella es la punta del iceberg de una polí­tica
demencial de ocupación del territorio y de apoyo a
grandes operaciones de especulación inmobiliaria
llevadas a cabo por las administraciones locales, con el visto bueno del organismo que regenta las
competencias urbaní­sticas, que es la Junta de
Andalucí­a. El problema está generalizado en toda la provincia de Málaga, donde no solo se ha conurbano todo el litoral, sino que ahora tratan de trasladar el modelo al interior.

En Málaga, donde hay, según la Consejerí­a de Obras
Públicas, 115.000 viviendas compradas y cerradas, se pretenden construir más de 600.000 viviendas, y siendo la provincia con más campos de golf de España, se promueven en este momento 70 nuevos, en medio de un clima árido y de un importante periodo de sequí­a. Por promoverse se impulsa hasta un segundo aeropuerto en la vega de Antequera, ligado a una importante operación especuladora, recalificándose 11 millones de m2 de tierras fértiles para su urbanización, se sigue apoyando el transporte privado con el proyecto de una autopista de peaje desde las Pedrizas a Torremolinos, se construye una circuito de alta velocidad y urbanizaciones en la reserva de la biosfera en Ronda, etc...

El caos urbaní­stico existente es a todas luces
insostenible. Esta situación está promovida por
grandes grupos inmobiliarios, con una inyección
económica que en gran parte, y al parecer, proviene de paraí­sos fiscales que permiten el blanqueo dinero y facilitan la labor de las mafias. En los últimos 15 años se ha ocupado dos veces más territorio con urbanizaciones que en toda la historia del género humano sobre esta provincia.

Todas estas operaciones están contando con el
beneplácito de las administraciones locales y con la inhibición de la Junta de Andalucí­a a la hora de ejercer sus competencias urbaní­sticas. Los cargos públicos no están defendiendo el interés general, sino que operan como meros controladores de la opinión pública y trabajan para desactivar los controles legales y administrativos que pueden rechazar los proyectos urbanizadores, existen además fuertes sospechas de que los proyectos urbaní­sticos y las infraestructuras que conllevan son utilizados para la financiación de los partidos polí­ticos, una financiación que no necesariamente se limita a un nivel local.

RADETE saluda y apoya la decisión del poder judicial de intervenir el Ayuntamiento de Marbella y le anima y muestra públicamente su apoyo para que siga su actividad investigadora con otras corporaciones locales donde hay propuestas o se desarrollan proyectos multimillonarios que atentan contra nuestras señas de identidad, la calidad de vida, los recursos naturales, y podrí­an ser verdaderas maquinas de blanqueo de dinero.

Necesitamos una nueva cultura del territorio y que
ésta sea asumida por la Junta de Andalucí­a y las
corporaciones locales, que pare la mayor agresión
sufrida por nuestro territorio y frene el principal factor de descrédito polí­tico de los ayuntamientos y del gobierno andaluz.