El informe describe el trato que reciben por parte de agentes del Ministerio Público y personal de salud las ví­ctimas de violación que han resultado embarazadas. El maltrato incluye falta de respeto, sospechas, y apatí­a. El informe también expone una impunidad continua y generalizada para los perpetradores de violación y otras formas de violencia sexual en muchos estados en México.

– Las afectadas por violación que resultan embarazadas son - para todo efecto - victimizadas por partida doble,- declaró Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. -La primera vez por el perpetrador de la violación y la segunda por los funcionarios públicos que las ignoran e insultan, y que les niegan acceso a un aborto legal.-

En México, el aborto es generalmente penalizado, pero las mujeres y niñas que han sufrido una violación tienen derecho a un aborto seguro bajo todos los códigos penales de México. Sin embargo, Human Rights Watch descubrió que las ví­ctimas de violación que desean ejercer este derecho enfrentan varios obstáculos.

Varias agencias estatales en distintos estados de México aplican tácticas agresivas para desalentar y postergar el acceso a abortos legales por violación, lo cual ocurre especialmente en las procuradurí­as de justicia, los hospitales públicos, y en Desarrollo Integral de la Familia (DIF). En Jalisco, por ejemplo, una trabajadora social le mostró pelí­culas antiaborto cientí­ficamente incorrectas a una niña de 13 años que habí­a sido violada y embarazada por un familiar. Algunos agentes del Ministerio Público amenazan a las ví­ctimas de violación con cárcel por buscar un aborto legal, y muchos médicos les dicen sin razón que un aborto les matarí­a.

Como resultado, muchas ví­ctimas de violación intentan resolver su situación a través de abortos clandestinos que ponen en riesgo su vida y su salud. Niñas violadas por sus padres u otros familiares se ven frecuentemente sin más opción que llevar a cabo el embarazo impuesto sobre ellas.

– El gobierno mexicano debe asegurar que las ví­ctimas de violación no tengan que exponerse a peligrosos abortos empí­ricos o a embarazos impuestos- declaró Roth. -Los funcionarios públicos que se niegan a informarle a las ví­ctimas que tiene derecho a un aborto legal si lo desean, contribuyen a una violación de los derechos humanos y deben ser sancionados.-

La penalización del aborto amenaza una serie de derechos humanos, tales como los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la vida, a la salud y a la integridad fí­sica. Desde 1994, los organismos de derechos humanos de la ONU han expresado una preocupación particular respecto a los paí­ses donde se restringe el acceso al aborto para las ví­ctimas de violación o incesto. Human Rights Watch apoya el derecho de toda mujer de decidir de manera independiente sobre todo tema relativo a un aborto sin interferencia alguna de parte del Estado u otros.

De acuerdo a estimados oficiales del gobierno mexicano, más de 120,000 mujeres y niñas son violadas cada año en México. Sin embargo, estudios del gobierno muestran también que alrededor del 10% de las mujeres mexicanas sufren ataques fí­sicos cada año. Ahora bien, estadí­sticas mundiales muestran que los ataques fí­sicos contra las mujeres incluyen entre 30 y 40% de violaciones, lo que sugerirí­a que la cifra de violaciones sexuales en México podrí­a llegar a más de un millón en un año.