La reunión solo sirvió para escucharnos mutuamente, de manera directa y sin intermediarios, dejando claras ambas posturas: La empresa pretende una rendición incondicional con lapidamiento incluido, y los sindicatos convocantes queremos que se retiren todos los expedientes incoados y que se cumplan los acuerdos que se establecieron en su dí­a para el personal de taquillas de Vizcaya, cuyo incumplimiento por parte de la empresa es el origen de todo el conflicto, además de la prepotente intención de que los trabajadores de las taquillas realicen todas las funciones que se les manden, sean normativas o no.

Por nuestra parte, les dejamos claro que vamos a realizar todas las medidasde presión que estén a nuestro alcance, incluida una campaña de Huelgas si llega el verano y esto no se ha resuelto.

De momento seguimos con la presión y, el dí­a 29 de marzo, coincidiendo con el juicio en Vizacaya sobre la primera sanción (30 dí­as de empleo y sueldo. La segunda sanción es de 90 dí­as), vamos a llevar a cabo concentraciones en defensa de los compañeros sancionados y del derecho de Huelga, en la mayorí­a de provincias.

Todo esto se encuadra en la estrategia que CGT se ha marcado, de sensibilizar e informar a tod@s l@s ferroviari@s, previamente a la convocatoria de huelgas en toda la RED, para que nadie "esconda la cabeza bajo el ala" cuando llegue el momento, sacar el conflicto del ámbito de Vizcaya ya que, la defensa de un derecho fundamental como es la
Huelga debe ser tarea de todos y, por supuesto, las agresiones a los compañeros que forman los Comités de Huelga también.

No obstante, estarí­amos ciegos si no analizáramos que la dinámica represiva emprendida es otro instrumento del que se dotan para llevar a cabo los planes que Renfe-Operadora nos tiene preparados, para lo que es totalmente necesario amordazar al sindicalismo combativo, amedrentar a los trabajadores y utilizar el colaboracionismo indigno de la mayorí­a sindical para tener a los ferroviarios anestesiados y que no haya conflictos.

Nada se escapa a la globalización de la infamia que supone la aplicación de la Ley del Sector Ferroviario:

"¢ Los despidos colectivos (ERE"™s) que reducen la platilla a la mí­nima expresión, poniendo en peligro la viabilidad de las empresas y sustituyendo empleo con derechos por contrataciones absolutamente en precario.

"¢ La clasificación profesional propuesta por la empresa y, en principio, aceptada por los demás sindicatos, en la que se liquidan las categorí­as y especialidades, se incrementa la polifuncionalidad gratuita de todos, se cargan la norma sobre movilidad funcional y geográfica, flexibilizan la jornada al deseo de la empresa, todo ello, además, sin financiación especí­fica del Ministerio, tal y como ya nos informaron en la Dirección de Ferrocarriles en su dí­a.

"¢ El robo manifiesto de nuestro salario (falta de Cláusula de revisión salarial y el atraco que supone quitarnos una parte para un Plan de Pensiones, de cuya gestión parece que se financian también estossindicatos).

"¢ El incremento de la represión para acallar protestas y conflictos que puedan impedir o retrasar sus planes.

"¢ El aumento del clientelismo, los favores y la discriminación laboral en función de lo que estemos dispuestos a "tragar" en cuanto a perdida de derechos.

Todo ello preparando el camino hacia la privatización del ferrocarril y al desmantelamiento de este servicio público, que en definitiva es el objetivo principal.