Estas conclusiones están en el segundo informe sobre derechos humanos en Argentina el 2005, elaborado por Alerta Argentina. Pese al superávit fiscal, ni la polí­tica económica ni la polí­tica social se han orientado a la solución de estos problemas de fondo: el hambre de millones, la injusta redistribución de la riqueza y la destrucción de la ciudadaní­a social.

Esto significa, entre otras cosas, que la tensión social será una realidad a la que se debe enfrentar cotidianamente. Esta tensión está expresada en la paradoja de un paí­s rico que deviene cada vez más pobre. En Argentina, el reemplazo de un semi-Estado de providencia por un Estado neoliberal, se tradujo en el aumento de las desigualdades, la concentración económica y la exclusión de vastos sectores de la población.

La implementación de este modelo excluyente, que ha implicado la conculcación de los derechos más elementales, se ha venido sosteniendo sobre dos ejes fundamentales: por un lado, el Estado fue desarrollando estrategias de contención de la pobreza, por la ví­a de la distribución - cada vez más masiva - de planes sociales y de asistencia alimentaria a las poblaciones afectadas y movilizadas; por el otro, el Estado se encaminó hacia el reforzamiento del sistema represivo institucional, apuntando al control de las poblaciones pobres y a la represión y criminalización del conflicto social.

En un contexto de profundización de las desigualdades, durante 2005, la situación de desprotección y violación de los derechos humanos en el paí­s ha registrado nuevas inflexiones. En primer lugar, la respuesta del Estado frente a los conflictos sociales se ha venido asentando sobre el triple eje de la judicialización, la criminalización y los ensayos de militarización.

Esta triple polí­tica se expresa claramente en la estigmatización mediática, polí­tica y social de las organizaciones de desocupados, cuyo escenario principal ha sido y es la ciudad de Buenos Aires; el avance en la judicialización de los reclamos sociales, con una tendencia al armado de causas, que ha incluido largas estadí­as en prisión por parte de los acusados; el avance de la represión de los conflictos sociales y sindicales y la incipiente militarización de las zonas petroleras, situación que se inserta en el marco de la polí­tica de explotación de los recursos naturales; y las tentativas de estigmatización y manipulación de los reclamos sindicales en los centros urbanos, los cuales se han incrementado notoriamente en el último año, entre otros factores.

En segundo lugar, la consolidación de la doctrina de la seguridad ciudadana ha provocado: la multiplicación de los dispositivos institucionales de criminalización de la pobreza; el agravamiento de la situación de las cárceles del paí­s; y las consecuencias de la feminización de la pobreza.

En tercer lugar, cabe subrayar la persistencia de la impunidad y el avance de la militarización en América Latina.