El pueblo saharaui lleva 30 largos años esperando ese don preciado de la paz, esperando que España cumpla sus compromisos. Bastantes gobiernos han pasado por La Moncloa y todos han hecho caso omiso de esas exigencias. Todas las encuestas de opinión pública avalan el discurso del monarca en el sentido de apoyar a los saharauis. Preceptos legales como morales fundamentan tanto las aspiraciones de la opinión pública española como el discurso de S. M. el Rey.

Y treinta años después El Aaiún, ese conjunto de fuentes que la metrópoli quiso convertir en capital del Sahara Occidental, se ve sometido a un férreo control militar y policial, al recrudecimiento de la represión y la violación de los derechos humanos. Todo ello, porque al sultán de Marruecos se le ha ocurrido viajar al Sahara Occidental.

La gran mayorí­a de los parlamentos autonómicos han probado en carnes propias la cruel realidad que se vive en el Sahara Occidental. Sencillamente, sus diputados han sido impedidos de pisar suelo saharaui, territorio cuya potencia administradora sigue siendo España, según las NN. UU.

No podemos, por tanto, sino denunciar este viaje cuyo único objetivo es provocar a los saharauis cuyas manifestaciones, ininterrumpidas desde mayo de 2005, han mostrado clara e inequí­vocamente las aspiraciones independentistas de los saharauis, y de las que han resultado unas imágenes similares en crueldad a las de la prisión de Abu Grayb en Bagdad.

En la medida en que ningún Estado del mundo reconoce la soberaní­a de Marruecos sobre el Sahara Occidental, no puede sino considerarse, esta visita de Mohamed VI, como un inaceptable ataque destinado a destruir el sistema de leyes y tratados internacionales que tanto ha costado construir y que ha otorgado a nuestro frágil Orden Internacional una mí­nima coherencia moral.