El Gobierno de Alfredo Palacio declaró en la noche de ayer lunes 20 de marzo, el estado de emergencia en las provincias de Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo y Cañar, en el cantón Cayambe y la cabecera cantonal de Tabacundo en Pichincha. Mediante el Decreto Ejecutivo 1269, se dispuso la militarización y restringió el ejercicio de varios derechos civiles amparados en los numerales 9, 12, 13, 14 y 19 del art. 23 y 9 del art. 24 de la Constitución.

Es la respuesta del Gobierno frente a la movilización indí­gena que empezó el 13 de marzo, pidiendo la suspensión de las negociaciones de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El pedido del estado de emergencia vino de las principales cámaras de industriales y empresarios del Ecuador.

La movilización indí­gena ha sido pací­fica, sin embargo la represión previa al estado de emergencia dejó un saldo de 21 heridos por acciones tanto de la Policí­a y como del Ejército. ¿Qué sucederá en el marco de un estado de emergencia con elementos militares desplazados por la zona andina del paí­s? Lo que queda en evidencia es una vocación autoritaria que se repite frente a cualquier movilización en el paí­s. La represión se ensaña contra los más humildes y se mantiene un secretismo sobre una negociación de la cual se tienen todas las dudas.

Los derechos que han sido cesados con la declaratoria del estado de emergencia son la libertad de asociación y reunión, el derecho a la libertad de opinión y expresión en todas sus formas, y a través de cualquier medio de comunicación y el derecho a transitar libremente por el territorio ecuatoriano.

El Gobierno de Alfredo Palacio ha decretado en lo que va del 2006, 10 estados de emergencia, la mayorí­a en el contexto de movilizaciones populares.

El presente estado de emergencia ha movilizado cientos de militares para despejar las ví­as, que nuevamente están siendo obstaculizadas por los indí­genas. Siguen paralizadas 9 provincias de las 21 del Ecuador.

La Confederación de Nacionalidades Indí­genas del Ecuador CONAIE, sus regionales y sus bases, condenaron el Estado de Emergencia frente a la lucha pací­fica de los pueblos indí­genas del Ecuador. La CONAIE informó que la movilización continuará y que para iniciar cualquier acercamiento y diálogo con el gobierno, esperan primeramente la derogación del estado de emergencia.

La CONAIE insiste en la caducidad inmediata de la Oxy, No al Plan Colombia, convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y la No firma del TLC, para esto piden suspender al equipo negociador del TLC con el gobierno de Estados Unidos, iniciar un proceso de información y realizar una consulta popular a todos los ecuatorianos sobre la firma del Tratado de Libre Comercio.

Cerca de tres mil indí­genas están ya en Quito, fueron recibidos por la Escuela Politécnica Nacional y otros siguen llegando a pesar de contar con todos los obstáculos en las principales ví­as de llegada a la capital, tanto al norte como del sur. A las 12:00 una marcha se encontraba cerca del edificio del Congreso Nacional, una delegación de 20 dirigentes indí­genas fueron recibidos por diputados del Congreso, el resto de la marcha esperó retenida por el operativo policial.

Los sectores sociales de la capital han indicado que desde hoy se sumaran a la lucha de los pueblos indí­genas en Quito y en todo el paí­s, y esperan sumar esfuerzos y acciones en esta jornada de oposición al TLC.

Los últimos hechos que se destacan son:

La detención de dirigentes indí­genas Awas, el martes 21 de marzo de 2006, a las 16:00, en el cantón el Cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Fueron detenidos: Julian Canticuz, Director DINAE; Felipe Cuajiboy, Dirigente; Alfonso Pai, Vicepresidente FCAE; Silvio Alvarez, Dirigente de Fortalecimiento; Alirio Pai, Presidente Guadualito; Lorena Duque, FCEA; y Jorge Pai y su esposa. Estuvo a cargo del operativo en el que fueron detenidos es el Coronel Rommel Castro es quien está al mando del grupo de detención. El grupo fue liberado la tarde del miércoles.

Intimidación a comunicadores en Cayambe. Desde la noche de ayer, un piquete de elementos de las Fuerzas Armadas rodeó las instalaciones de Radio Intipacha, ubicada en la ciudad de Cayambe, se temí­a que los comunicadores sociales William Ramos y Julio Charro fueran detenidos, por transmitir la situación de la movilización indí­gena.

La CONAIE denunció, también que varias comunidades indí­genas de las provincias de Cotopaxi, Chimborazo e Imbabura han sufrido cortes de energí­a eléctrica.

La provincia de Los Rí­os se unió a la paralización y mantiene un bloqueo en las ví­as a la altura de Chilintomo, Montalvo, Urdaneta, Babahoyo y Juján y el tráfico hacia la provincia de Bolí­var en reclamo de atención debido a la intensidad y efectos del invierno y en oposición al TLC.