Entre 20 y 30 abogados de la Confederación Estatal de Ecologistas en Acción, se reúnen este fin de semana en Barcelona (Casa Elizalde, Carrer València, 302) para intercambiar experiencias y debatir sobre la iniciación de acciones legales en defensa del medio ambiente.

Los abogados ambientalistas hacen un balance muy negativo del nivel de aplicación de las normas medioambientales tanto en el campo administrativo como en el penal. Citan como la principal causa de esta situación la falta de medios en la administración y su escasa voluntad por atajar las infracciones, tanto en el ámbito urbano e industrial como en las agresiones a los espacios naturales y a las especies de flora y fauna.

Recuerdan el archivo de la causa contra Boliden por el vertido de Aznalcóllar, la del escape radiactivo en Acerinox o la dificultad generalizada para paralizar construcciones ilegales en suelo especialmente protegido.

En el terreno penal, además de la escasa colaboración de las Consejerí­as de Medio Ambiente con la Administración de Justicia para la denuncia de los delitos contra el medio ambiente, señalan como causa de esa situación la falta aún de fiscalí­as especiales de medio ambiente en los Tribunales Superiores de Justicia y en las Audiencias Provinciales. Aún hay Comunidades Autónomas donde no existen ni Secciones o Servicios especiales de Medio Ambiente en la Fiscalí­as, y ni siquiera fiscales que a tiempo parcial se dediquen a ello. Ecologistas en Acción ha pedido desde hace tiempo la creación de Fiscalí­as Especiales (como existe la de delitos económicos de corrupción o de tráfico de drogas o, al menos, como las Secciones especiales de menores).

Las fiscalí­as deben tener, además, suficientes medios humanos y técnicos (de policí­a judicial y sobre todo ecotoxicólogos forenses adscritos, como la de Valencia). Es preciso, además, una mejor formación de los jueces en cuestiones medioambientales, tanto técnicas como jurí­dicas, pues, en general, su desconocimiento acentúa su pasividad en relación con estos complejos temas.

Ecologistas en Acción acaba de editar una Guí­a Práctica sobre "Delitos Ecológicos" que pretende servir de manual para orientar a los miembros de las organizaciones ecologistas en la formulación de denuncias penales. La Guí­a explica las caracterí­sticas de cada uno de los 23 delitos contra el medio ambiente que recoge el Código Penal.

Uno de los campos de acción que los ecologistas han estudiado es la posibilidad de iniciar acciones legales contra la administración por su "pasividad" tanto en el ámbito administrativo obligándole a actuar en la protección de determinados ámbitos de protección del medio ambiente, como en el ámbito penal. En este último, el Tribunal Supremo ha iniciado, con una sentencia de 29 de septiembre de 2001, una lí­nea jurisprudencial considerando responsable a la administración (en ese caso un Ayuntamiento) de delitos contra el medio ambiente por omisión del deber de actuar (comisión por omisión). Ecologistas en Acción acaba de presentar una denuncia ante la Fiscalí­a del Tribunal Supremo por entender que el ministro Jaume Matas ha cometido un delito contra el medio ambiente al superarse en el año 2000 el lí­mite de emisiones de óxidos de nitrógeno que imponí­a la Unión Europea al Estado español, quien no ha tomado las suficientes medidas para cumplir con ese lí­mite global.