La familia Couso ha conocido el auto de archivo de la querella presentada contra tres militares estadounidenses por el asesinato de José Couso y quiere expresar por medio del presente comunicado su sorpresa y vergí¼enza por la imprecisión, las contradicciones y la ligereza de los argumentos jurí­dicos esgrimidos en esta resolución judicial de la Audiencia Nacional.

En gran medida, la decisión del archivo acordado por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, formada por los magistrados Fernando Garcí­a Nicolás, Jorge Campos Martí­nez y Ricardo Rodrí­guez Fernández, se basa en negar la acusación de que el asesinato de José Couso constituyó un caso de crimen de guerra y en que la justicia -justicia en minúsculas- española carece de jurisdicción para instruir esta causa, tal y como sostení­a el "ascendido" y antiguo fiscal jefe de esta institución, Eduardo Fungairiño.

La parcialidad, la inconcreción y la escasa fundamentación del auto quedan patentes cuando relata los momentos previos al ataque estadounidense al Hotel Palestina de Bagdad el 8 de abril de 2003, donde se hospedaba Couso en compañí­a de la prensa internacional que escapaba al control del ejército ocupante.

Así­, en el punto sexto de los fundamentos de derecho, en el que considera que la muerte de Couso no fue un crimen de guerra, sostiene su argumentación sobre los antecedentes del ataque al Hotel Palestina en "que es un hecho notorio difundido por todos los medios de comunicación" la violenta batalla que se libra en Bagdad, que llega a producir "bajas americanas" -querrá decir estadounidenses-.

Sin embargo, los magistrados olvidan aportar algunos detalles que la prensa publicó y relacionó sin esfuerzo con el disparo al Palestina, sin necesidad de estrujarse los sesos para aplicar el derecho: las fuerzas invasoras habí­an bombardeado previamente las sedes de las televisiones Al Jazira, donde mataron a Tarek Ayoub, y de Abu Dhabi TV.

La familia entiende, con estos antecedentes, que existe el "dolo" en su actuación: acallar a la prensa "independiente". Y que la Sección Segunda de lo Penal evita incluir "adrede" algunos detalles esclarecedores de los momentos previos al ataque, y se permite el lujo de añadir otros contradictorios y que se anulan entre si al intentar justificar que el ataque no tiene carácter de una infracción grave, según el Convenio de Ginebra.

En este sentido, los jueces señalan que el ejército estadounidense interviene "las comunicaciones iraquí­es" y descubre que "en el Hotel Palestina existe una unidad iraquí­ desde la que se dirige el tiro de su artillerí­a contra las unidades norteamericanas, de modo que tras su aparente localización, realizada a gran distancia, se dirige un único y directo disparo contra lo que parece ser un puesto de observación y dirección de tiro", que mata a Couso y a Taras Protsyuk.

Pues bien, sin citar la fuente de tan imprecisa información, basada sólo en suposiciones que parecen surgir de informes desconocidos, el auto se contradice unos párrafos más adelante al pretender defender que el ataque no fue "indiscriminado, excesivo o contra la población civil", ya que el objetivo aparente se convierte en objetivo militar concreto -obviando la magní­fica óptica de que disponen los tanques estadounidenses-, figura que otorga a la Audiencia Nacional la licencia necesaria para considerar que el ejército estadounidense estaba legitimado para cometer un crimen de guerra al responder de manera "proporcional" al riesgo al que estaba sometido.

Con estas vergonzosas argucias decreta la Audiencia el archivo, pues cientos de testigos, algunos de los cuales han declarado en esta causa en la Audiencia Nacional, han señalado que una hora antes del disparo del tanque que mató a Couso habí­an cesado los combates y que en el Hotel Palestina no habí­a ningún soldado iraquí­, pues el régimen de Sadam Hussein conocí­a la importancia de la prensa internacional para informar de una guerra ilegal y querí­a preservar este lugar de los ataques.

La familia Couso también rechaza el argumento de la Audiencia Nacional de negarse a reconocer su capacidad jurisdicional para conocer la querella presentada en mayo de 2003 contra los militares Thomas Gibson, Philip Wolford y Philip de Camp, del regimiento de blindados de la Tercera División Acorazada del Ejército de los Estados Unidos de América, pues el asesinato de José Couso debe ser contemplado como un crimen amparado por el principio de JUSTICIA UNIVERSAL amparado por la Convención de Ginebra.

Por último, la familia Couso denuncia las intenciones espurias del auto de archivo de la Audiencia Nacional, que busca acabar con las perturbaciones que esta querella ha introducido en las relaciones bilaterales entre España y los Estados Unidos de América y sellar la paz en un contencioso al que ha sido llamada para ayudar a esclarecer la verdad de un asesinato y no para ocultarla.

Familiares de José Couso Permuy y Colectivo de Hermanos, Amigos y Compañeros de José Couso