En un informe inusualmente duro emitido el viernes pasado, el Comité refleja su preocupación ante los -persistentes alegatos de que [los bosquimanos] fueron expulsados a la fuerza, en particular a través de medidas tales como la suspensión de servicios básicos y esenciales dentro de la Reserva, el desmantelamiento de las infraestructuras existentes, la confiscación de ganado, acoso y maltrato de algunos residentes por la policí­a y los funcionarios de medio ambiente, así­ como la prohibición de cazar y restricciones a la libertad de movimiento dentro de la Reserva-.

El Comité de la ONU insta al Gobierno de Botsuana a -prestar particular atención a los estrechos ví­nculos culturales que unen a los san/basarwa [bosquimanos] con su tierra ancestral; proteger las actividades económicas de los san/basarwa que son un elemento esencial de su cultura, tales como las prácticas cazadoras-recolectoras, ya sea en la forma tradicional o con métodos modernos; estudiar todas las alternativas posibles al reasentamiento; y buscar primero el consentimiento libre e informado de las personas o grupos implicados-.

El Comité condena además la eliminación por parte del Gobierno de los derechos bosquimanos de la Constitución de Botsuana, la cual, dice, -puede tener un impacto en el juicio en curso de algunos residentes de la Reserva de Caza del Kalahari Central contra el Gobierno para cuestionar su traslado de la Reserva-.

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