En la finca Navalengua, con una superficie de unas 100 hectáreas, se realizan obras de urbanización para la construcción de 400 chales. Estos terrenos están incluidos en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del futuro Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

La urbanización, que fue objeto de diversas denuncias de los Agentes Forestales, fue posteriormente denunciada por Ecologistas en Acción-Madrid en agosto de 2005. En la denuncia, a la que ha tenido acceso la redacción de Diarioforestal.es se acusa al alcalde de malversación, prevaricación y abuso en el ejercicio de sus funciones.

Para Ecologistas en Acción, los terrenos objeto de litigio estaban definidos en 1994 por la Agencia de Medio Ambiente como "una zona cubierta fundamentalmente por afloramientos rocosos, crestas, canchales y pedrizas de granito y gneis, con pendientes acusadas, que la hacen inadecuada para recepcionar desarrollos urbanos" y clasificado en 1975 como suelo rústico ordinario, posteriormente en 1999 se aprueba el Plan Parcial de Navalengua y en noviembre de 2002 Julio de Mateos concedí­a licencia de urbanización a URBAPRO, Arquitectura, Urbanismo y Gestión Inmobiliaria SL.

Posteriormente, el 9 de enero de 2004 el ayuntamiento solicitó a la Comunidad de Madrid la reclasificación del suelo como suelo urbano consolidado a lo que la Comunidad de Madrid contestaba que: "Su legalidad urbaní­stica deberá justificarse ante el órgano competente. No obstante, en el caso de que los instrumentos de desarrollo correspondientes carezcan de validez y eficacia, esta Dirección General se reitera en las consideraciones señaladas en el informe de fecha 20 de septiembre de 1994 en relación a las normas subsidiarias del planeamiento, reiterado en informe de 19 de febrero de 1996, en los que es informado desfavorablemente".

Ecologistas en Acción, considera que puede existir un delito de malversación porque Julio de Mateos y la Cooperativa Arcángel San Gabriel de la S.E.R. firmaron un convenio urbaní­stico con fecha 15 de marzo de 1994 en el que se acordaba que una vez aprobado en Plan Parcial, la Cooperativa tendrí­a un plazo de 6 años y medio para la ejecución de las obras de urbanización y que en el caso en que la urbanización no se ejecutara, los terrenos revertirí­an a propiedad municipal, es decir, pasarí­an a la propiedad municipal unas 100 hectáreas de suelo, si con fecha 29 de septiembre de 2005 los terrenos no habí­an sido urbanizados. A pesar de ello y cuando la urbanización no se habí­a iniciado por falta de financiación, el 25 de marzo de 2007 el Pleno del Ayuntamiento, sin la impugnación del acto por parte de IU-PSOE, aprobó sorprendentemente una ampliación del plazo en la ejecución de la obra, por lo que los terrenos, en lugar de dárseles un destino más beneficioso para el pueblo y para el medio ambiente, recaerí­an finalmente en un tercero (URBAPRO).

Para algunos vecinos de Bustaviejo, si el Pleno hubiese acordado la reversión de los terrenos, ahora el municipio serí­a rico.

Además, con fecha 21 de julio de 2005, la sala quinta del Tribunal Supremo anuló definitivamente las Normas Subsidiarias del municipio de Bustarviejo, en virtud de las cuales se concedió licencia a la urbanización de Navalengua. Con la finalidad de subsanar este problema, el Ayuntamiento ha presentado el Avance al Plan General de Ordenación Urbana que entre otras cosas, incluye la construcción de un hotel en suelo protegido en la proximidad de la Fuente del Collado del Valle Hermoso de los Abedules. El beneficiario de esta obra, que supone en la práctica la privatización del lugar más hermoso y visitado del municipio, es un constructor relacionado desde hace tiempo con el poder municipal.

Ecologistas en Acción, ha solicitado desde el mes de agosto de 2005, la paralización inmediata de las obras de urbanización de Navalengua. El juzgado de instrucción de Torrelaguna, apenas ha iniciado el procedimiento a pesar de que dichas obras, por su irreversibilidad en el futuro Parque Nacional y por su impacto ambiental observable desde decenas de kilómetros, han causado un enorme malestar entre los habitantes del municipio, que crearon una plataforma para luchar contra la vinculación del poder polí­tico con los intereses especulativos del suelo.