Para UGT-Madrid, aunque el procedimiento metodológico para la elaboración del Plan es acertado, los recursos administrativos no permiten cumplir plenamente las expectativas en el proceso de investigación-participación diseñado inicialmente.

Tanto los componentes del Grupo de Apoyo Técnico como los informantes clave (Centros de Atención Social a Inmigrantes) pertenecen a organizaciones que, a través de subvenciones del Gobierno regional, gestionan de forma vicaria servicios de atención, información y asesoramiento a inmigrantes. Esta dependencia económica, clave para la continuidad de muchas de esas organizaciones, autolimita cualquier intervención crí­tica tanto en el análisis como en las propuestas.

Por otra parte, permanecen ocultos los datos utilizados para elaborar el perfil sociodemográfico de la población extranjera y otros estudios previos de la realidad inmigratoria, a lo que hay que sumar la escasez de datos publicados por el Observatorio Regional para la Inmigración, todo lo que da la medida del oscurantismo que mantiene en este particular la Administración madrileña.

Asimismo, los principios rectores del Plan convendrí­a reformularlos, si es posible, para lograr definiciones más operativas sobre la consecución de la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la corresponsabilidad, ideas-fuerza del Plan.

Empleo

Se relativiza la atención que debe prestar la Comunidad Autónoma de Madrid a esta demanda de las personas inmigradas, afirmando que se ha de enmarcar en el contexto nacional. El Plan se limita a hacer un diagnóstico a partir de los datos que pública la Administración Central referidos a Madrid.

UGT-Madrid recuerda, en este sentido, que el "Acuerdo por el Empleo y el Crecimiento Económico de la Comunidad de Madrid", firmado en 2004, contemplaba, en el Eje 8, medidas efectivas para la integración de los trabajadores extranjeros que no han tenido desarrollo práctico posterior por la dejadez administrativa.

El análisis y las propuestas para los otros ámbitos planificados (vivienda, educación, servicios sociales, sanidad, sensibilización y opinión pública, participación y gestión de la diversidad, codesarrollo, familia y juventud),inciden en este tipo de soluciones genéricas sin que podamos saber qué instancia ha de responsabilizarse de presupuestar y ejecutar las actividades administrativas necesarias.

Coordinación y seguimiento.

El anterior Plan 2001-2003 preveí­a la creación de una Comisión de Coordinación, de la que formaban parte los Viceconsejeros, aunque bien es cierto que no llegó a reunirse nunca. En el nuevo Plan se ha suprimido, y esta labor de coordinación interna se encomienda a la Agencia para la Inmigración, agente ejecutivo de la Consejerí­a de Inmigración.

En definitiva, en ningún momento se implica a otras Consejerí­as, ni siquiera existen mecanismos de mí­nima coordinación entre las mismas ni con las otras dos Administraciones (Local y Estatal). Carencia, esta última, especialmente grave cuando hay que intervenir en cuestiones como la vivienda,la educación y la sanidad.

Carencia de presupuesto

Al Gobierno regional no le cuadran las cuentas presupuestarias con las intenciones en polí­tica inmigratoria. Han tenido una actividad administrativa bajo mí­nimos durante los dos años anteriores, ahora pretenden ganar el tiempo perdido, convirtiendo en estrella mediática la Consejerí­a de Inmigración, dotándola de un contenido de gestión administrativa que no puede asumir.

En los presupuestos de 2006 el compromiso con la polí­tica inmigratoria de inserción social es realmente escaso. La Consejerí­a de Inmigración y Cooperación tiene asignados en el año 2006 menos de 71 millones de euros, el 0,43% del total de los presupuestos regionales. De ellos, sólo 35 millones (0,21%) son destinados a Inmigración y 28 millones (0,17%) a Cooperación al Desarrollo. El resto, más de 8 millones de euros se dedicarán a cubrir los costes funcionales del nuevo organismo administrativo.

El nuevo Plan carece también de memoria económica. Esperamos conocerla cuando se presente para su aprobación en la Asamblea de Madrid.

Para UGT-Madrid, el Plan de Inmigración debe de ser radicalmente distinto al que se plantea en el texto conocido hasta ahora: ha de implicar a toda la estructura de Gobierno regional y articular la colaboración con los planes y la intervención que las otras Administraciones (Local y Estatal) mantienen en el mismo ámbito territorial. Y ha de implicar también a los agentes sociales, pues el acceso al empleo y unas condiciones de trabajo dignas son, todaví­a hoy, las mejores herramientas de integración social efectiva en la sociedad madrileña.