Tras la muerte de Milosevic, el MPDL confí­a en que la Comunidad Internacional reduzca su contribución innecesaria al enrarecimiento de la vida polí­tica en Serbia y en Bosnia, al tiempo que desea que se produzcan pronto las detenciones de Mladic y Karadzic.

El décimo aniversario de la matanza en Srebrenica, conmemorado en julio de 2005, supuso un hito en la posguerra ex yugoslava. La cobertura mediática mundial del acontecimiento, la condena sin fisuras de la comunidad internacional, la aplicación unánime de la denominación de genocidio, y las moderadas disculpas del Presidente serbio Tadic aproximaron un poco más el siempre lento cierre de otro capí­tulo histórico lleno de sangre. La cuenta pendiente para cuadrar ese deseado "cierre histórico" era la detención y el encarcelamiento, entre otros, de los responsables directos polí­tico y militar de ese genocidio, Radovan Karadzic y Ratko Mladic. Y sigue siéndolo. Es de esperar que nadie olvide esto por el hecho de que Milosevic haya muerto en su celda en La Haya, y nos referimos a las desafortunadas declaraciones de los lí­deres europeos anunciando la posibilidad de pasar la página de las guerras balcánicas de los 90 tras esta defunción.

De forma preocupante, la torpeza de las últimas semanas de la comunidad internacional instalada en la zona puede estar perjudicando precisamente la resolución del conflicto. A la espera de comprobar cómo ésta juega sus cartas en los procesos de posible independencia de Kosovo y Montenegro, El Tribunal Penal Internacional para crí­menes cometidos en la antigua Yugoslavia y la Corte Internacional de Justicia han tomado últimamente dos decisiones tan polémicas que pueden estar desvirtuando el fundamento del primero en la posguerra balcánica y evidenciando una clara falta de conocimiento y objetividad de la segunda respecto al enfrentamiento bosnio, algo muy triste cuando se trata de jueces.

La primera decisión ha sido el respaldo definitivo del Tribunal de La Haya a la posibilidad de que el albanokosovar Ramush Haradinaj ejerza funciones polí­ticas en Kosovo. Ramush Haradinaj dimitió de su cargo de Primer Ministro en Kosovo hace unos meses para acudir a la Haya acusado presuntamente de cometer crí­menes contra la humanidad. Pronto el Tribunal le puso en libertad bajo fianza y le devolvió a Kosovo. A pesar de acusársele oficialmente de hasta 17 crí­menes contra la humanidad por secuestros, abusos y asesinatos cometidos contra serbios, gitanos y albaneses, está en libertad y puede ostentar cargos polí­ticos en Kosovo. Seguramente nunca un acusado por crí­menes de guerra ha gozado de tanta simpatí­a por parte del mismo tribunal que le reclama.

El Tribunal de La Haya todaví­a tiene que demostrar al mundo que es algo diferente a un instrumento al uso de los polí­ticos internacionales para poder negociar con ventaja con los dirigentes de los paí­ses de la zona. Confiamos en que de momento no se dé por satisfecho de su trabajo por el hecho de que Milosevic haya muerto en una celda de sus dependencias. Las palabras de la Fiscal Carla del Ponte asegurando que ya faltaba muy poco para su sentencia producen sonrojo después de casi cinco años de proceso.

La segunda decisión, esta vez de la Corte Internacional de Justicia, ha sido la admisión en fase preliminar de una querella de genocidio por parte de Bosnia Herzegovina contra el Estado serbio por los crí­menes cometidos en la guerra de Bosnia.

Independientemente de que la Corte no tiene por qué observar su repercusión polí­tica ni el efecto de su decisión en la estabilidad de la región (ya que su mandato está relacionado con la administración de justicia sobre hechos u omisiones pasados), lo que sí­ evidencia es un importante desconocimiento del contexto social y polí­tico de esa guerra y de la misma constitución del pueblo bosnio. La Corte, admitiendo el trámite, parece querer ignorar que se da la paradoja de que con esa querella el Estado bosnio criminaliza a aproximadamente un tercio de sus propios ciudadanos, su minorí­a serbia. No se ha visto nunca mayor afán de promoción de los intereses generales del pueblo soberano, ni mejor interpretación del concepto de representación por parte de un gobierno. Bosnia Herzegovina (todaví­a "gobernado"- por Naciones Unidas) reclamará a Serbia, el paí­s con diferencia más pobre de la región, una indemnización archimillonaria en compensación por sus pérdidas en el enfrentamiento.

Más allá de estas cuestiones, lo que es imperativo es que de una vez por todas se capture y se condene a los criminales de guerra que siguen fugados u ocultados vergonzantemente, y no al conjunto de ciudadanos de un paí­s o a las instituciones que representan a éstos. Milosevic subvirtió el mandato democrático por el que habí­a sido elegido presidente como han hecho y siguen haciendo tantos otros gobernantes en el mundo. Que se le condene a él, a los que participaron en su grotesca empresa, y a todos y cada uno de los que violaron la legalidad bélica, no al Estado que hereda hoy ese pasado ni a los ciudadanos que sufrieron una guerra y sufren una posguerra. Gran cantidad de ciudadanos de Serbia y Montenegro son ellos mismos ví­ctimas de Milosevic. Y no olvidemos que no fueron Estados Unidos, la ONU o la OTAN, sino muchos de los propios ciudadanos del pueblo serbio los que expulsaron del poder al "carnicero de los Balcanes".

La comunidad internacional parece a veces estar empezando a sobrepasar los lí­mites de lo aceptable respecto a la manipulación de la situación polí­tica de estos paí­ses. Rozando el paroxismo, se está favoreciendo que los serbios vivan por muchos años gobernados por el nacionalismo radical que dicen atacar. Admitamos que los desagradables ultra nacionalistas serbios sabrán usar el argumento de la humillación que los internacionales les están sirviendo en bandeja.

Esperemos que la comunidad internacional corrija su torpeza de las últimas semanas y no siga empeñada en enturbiar más el ya difí­cil calendario polí­tico de la antigua Yugoslavia, con un peliagudo referéndum de independencia para Montenegro en Mayo, unas delicadí­simas conversaciones sobre otra posible independencia para Kosovo y con la refundación pendiente de Bosnia Herzegovina.

MPDL trabaja en Balcanes de manera continuada desde 1992. Nuestra intervención ha evolucionado desde la ayuda humanitaria durante el conflicto hasta el apoyo en las tareas de reconstrucción mediante la implementación de un Programa trianual de Apoyo Sostenido al retorno y estabilización de Balcanes, financiado por la Agencia Española e Cooperación. El objetivo del programa es facilitar el retorno o el asentamiento de refugiados, retornados, desplazados y minorí­as en estos territorios, una población que supera el millón de personas.